Los hechos del caso se refieren a tres jueces y una magistrada del Poder Judicial de Honduras -integrantes de la Asociación Jueces para la Democracia- que fueron sometidos a procesos disciplinarios para sancionarlos por sus expresiones en defensa de la democracia y contra el golpe de Estado del año 2009.

La CorteIDH entendió que a la luz del derecho internacional las víctimas tenían el deber de defender la democracia y, en ese sentido profundizó la relación existente entre derechos políticos, libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación como elementos que -en conjunto- hacen posible el juego democrático.

Asimismo, analizó las garantías del debido proceso y protección judicial en relación con procesos disciplinarios contra jueces y juezas.