Los hechos del caso se refieren al incumplimiento de un fallo dictado por el Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos mediante los cuales se ordenó la disponibilidad y baja del ejército del coronel José Alfredo Mejía Idrovo.

La Corte IDH aplicó estándares sobre efectividad de los recursos internos, adicionando que el Estado debe garantizar los medios para ejecutar las decisiones y sentencias definitivas emitidas por las autoridades competentes, ya que la efectividad de éstas depende de su ejecución al tiempo que otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto. Asimismo, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral.