II. A. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN Petición 5. El 19 de abril de 2001, la Comisión recibió una denuncia presentada por la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvéar Restrepo" (CCAJR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la cual fue radicada bajo el número 12.380. El 23 de abril de 2001, la CIDH transmitió la denuncia al Gobierno de Colombia, solicitando que presentara sus observaciones dentro del plazo de noventa días, conforme al Reglamento vigente hasta el 30 de abril de 2001. El 26 de julio de 2001 el Estado solicitó a la CIDH una prórroga para presentar sus observaciones. El 27 de julio de 2001, la Comisión otorgó una prórroga de un mes al Estado para que presentara su respuesta. El 28 de agosto de 2001, el Estado presentó sus observaciones respecto de la admisibilidad de la petición. El 30 de agosto de 2001, la CIDH trasladó a los peticionarios la respuesta del Estado, solicitándoles que enviaran sus observaciones dentro del plazo de 30 días. El 1º de octubre de 2001, los peticionarios solicitaron una prórroga de 40 días para presentar sus observaciones. El 23 de octubre de 2001, la CIDH concedió a los peticionarios una prórroga de 20 días para presentar su respuesta. El 12 de noviembre de 2001, la CIDH celebró en su sede una audiencia para tratar cuestiones relativas a la admisibilidad del caso dentro del marco de su 113º período ordinario de sesiones. El 24 de junio de 2005, la Comisión recibió una comunicación de los peticionarios en la que reiteraron su posición sobre la admisibilidad del caso y presentaron información adicional sobre nuevos hechos cometidos en contra de las presuntas víctimas. El 29 de junio de 2005, la Comisión trasladó la nueva información al Estado, solicitando que presentara las observaciones que estimara pertinentes en un plazo de un mes, sin que se haya recibido respuesta. B. Medidas cautelares 6. El 11 de mayo de 2000, la CIDH solicitó al Gobierno de Colombia que adoptara medidas para proteger la vida e integridad personal del defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz, las cuales fueron posteriormente ampliadas a los demás miembros del Colectivo de Abogados 1. Para la fecha de aprobación de este informe, las medidas continúan vigentes. Durante su vigencia, las partes han presentado por escrito su posición respecto de la implementación de las medidas en diversas oportunidades. Asimismo, la CIDH ha convocado a varias audiencias en su sede para tratar temas relacionados con la implementación de las medidas de seguridad y el estado procesal de las investigaciones adelantadas 2. Igualmente, la Comisión ha sostenido reuniones de trabajo para los mismos efectos tanto en su sede como en Colombia 3. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. Los peticionarios 7. Los peticionarios afirmaron que la situación que denuncian se enmarca dentro de un contexto de vulnerabilidad generalizado de las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, el cual ha sido reportado tanto por la Comisión Interamericana a través de sus informes anuales, como por organismos internacionales adscritos a Naciones 1 El 19 de marzo de 2002, la CIDH solicitó al Estado que "adopt[ara] las medidas necesarias para extremar la protección extendida a los miembros del Colectivo de Abogados JAR". 2 La CIDH ha celebrado audiencias a este respecto el 16 de octubre de 2002 (116º período ordinario de sesiones) y el 1º de marzo de 2005 (122º período ordinario de sesiones). 3 La Comisión realizó reuniones de trabajo sobre la implementación de las medidas cautelares durante sus visitas de 8 y 9 de mayo de 2002, y de 23 de mayo de 2001. 2

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