que el Estado deberá dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, toda la normatividad,
incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo como medida de naturaleza pre-procesal
restrictiva de la libertad para fines investigativos.
301. Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte
ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos 279, adecuar su ordenamiento jurídico,
incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención
Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos
154 a 163, y 184 de la presente Sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben
cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado.
302. Por otra parte, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno
garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación
comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas
estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la
misma puesto que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea
adecuada. En ese sentido, es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en
tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas
al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención.
303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del
arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para
que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas
investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido,
corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél,
lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean
mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza
constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las
regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la
administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control
de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho
la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
C.2. Programa de capacitación a los funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia de
Tlalnepantla
304. La Comisión solicitó que se ordene “[c]apacitar debidamente a los funcionarios de la
Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla en la prohibición absoluta de tortura y tratos crueles,
inhumanos y degradantes en la investigación de todo crimen, incluso aquellos relacionados con el
crimen organizado, e implementar un sistema sencillo y de fácil acceso para las denuncias de tales
actos”. Los representantes no se refirieron a esta medida de reparación.
305. El Estado hizo referencia a las formaciones que ya se encuentra implementando en este
momento. Aludió en forma detallada a los siguientes programas: a) Curso “Prohibición absoluta
de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en la investigación de todo crimen, incluso
aquellos relacionados con el crimen organizado”; b) Curso “Prevención de la Tortura”; c) Curso
para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Curso de Capacitación Informe No. 13
de la CIDH, caso 13.333. Informe de Fondo Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz; d)
Cfr. Caso Extrabajadores Organismo Judicial Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 17 de noviembre de 2021. Serie C No. 445, párr.144; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y
otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 98, y Caso
Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, supra, párr. 217.
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