corren peligro de ser sometidas a malos tratos” 231. Del mismo modo, del Subcomité para la
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes observó “cómo
de todos los testimonios que la delegación escuchó durante su visita sobre maltrato, las
alegaciones más alarmantes venían de personas bajo régimen de arraigo”. Del mismo modo señaló
que cuando se dan detenciones bajo la figura del arraigo, “que supuestamente deberían ser las
menos restrictivas a la libertad por no encontrarse las personas todavía sometidas a una
averiguación formal, es justamente donde más se restringe la libertad de la persona, llegando a
unos niveles de incomunicación total del mundo exterior sin que familiares ni abogados de las
personas arraigadas tengan información sobre su paradero. Estas situaciones pueden dar lugar a
casos de indefensión ante situaciones de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. La
delegación se entrevistó con personas arraigadas en todos los Estados que visitó”. Así, concluyó
que “la figura jurídica del arraigo puede llegar a propiciar la práctica de la tortura al generar
espacios de poca vigilancia y vulnerabilidad de los arraigados, quienes no tienen ninguna condición
jurídica claramente definida para poder ejercer su derecho de defensa” 232.
214. En suma, de conformidad con lo anterior, para este Tribunal existen suficientes elementos
como para concluir que Reyes Alpízar fue sometido a maltratos por parte de las autoridades que
lo estaban interrogando. Asimismo, no cabe duda sobre la severidad extrema de los mismos ni
sobre la finalidad que perseguían los individuos que se los propiciaron. Todo ello permite llegar a
la conclusión que Reyes Alpízar fue sometido a torturas por parte de las autoridades del Ministerio
Público del Estado de México. Por esos motivos, esta Corte concluye que el Estado es responsable
por la violación al derecho a la integridad personal y al derecho a no ser sometido a torturas
contenidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del
mismo instrumento, y los artículos 1 y 6 de la CIPST, en perjuicio de Reyes Alpízar Ortiz.
b) Sobre las alegadas torturas en perjuicio de Daniel García Rodríguez
215. En lo que se refiere a Daniel García Rodríguez, consta que el mismo fue detenido el 25 de
febrero de 2002 por policías ministeriales de la PGJEM. Desde entonces estuvo bajo custodia del
Estado hasta el año 2019 y prestó declaraciones ante el Ministerio Público, las cuales se
prolongaron durante el período durante el cual estuvo arraigado (supra párr. 68).
216. De acuerdo con la información que figura en el expediente, en oportunidad de su primera
comparecencia ante el Juez Quinto Penal, Daniel García Rodríguez declaró que había sido detenido
con engaño, recluido por la fuerza y bajo amenaza, tanto por agentes de la policía judicial, como
por el Subprocurador quien habría condicionado su libertad a la firma de declaraciones
prefabricadas en las que se auto incriminaba e incriminaba a terceras personas. Indicó que, al
negarse a firmar, fue amenazado con el hecho de que él y sus familiares serían los acusados,
además, señaló que su esposa recibió llamadas para convencerlo a firmar para que sus hijas no
tuvieran “problemas físicos” (supra párr. 71).
217. Por otra parte, consta en los hechos del caso que el Ministerio Público solicitó certificación
de lesiones físicas y el defensor particular solicitó un examen para constatar violencia psicológica.
Ambas solicitudes fueron negadas por el Juez Penal. Además, la defensa solicitó se citara a declarar
al Subprocurador que habría estado implicado en los maltratos y coacciones contra Daniel García.
Sin embargo, el Juez Quinto Penal no admitió dicho medio de prueba porque no existían indicios
“que permita[n] establecer […] lo aseverado por el inculpado”, considerando que “las actuaciones
231
Cfr. Naciones Unidas, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos (7 de abril de 2010), U.N Doc.
CCPR/C/MEX/CO/5, párr. 15.
232
Cfr. Naciones Unidas, Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (31 de mayo de 2010), U.N Doc. CAT/OP/MEX/1, párrs. 142, 217 y
238.
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