3 militar, en el juzgado vinculado a la Brigada XVII del Ejército; c) la muerte del niño Ricardo Guaraona “se produjo dentro del marco de un ataque de miembros del frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y los hechos] son materia de investigación en el Juzgado 30 de Instrucción Penal Militar […] y de la Fiscalía General de la Nación”. d) adjuntó un “cuadro de[l] estado de los procesos penales y disciplinarios relacionados con las Comunidades del Jiguamiandó y Curbaradó”, en el que se detalla que veintiocho investigaciones que se encontrarían en “etapa previa, práctica de pruebas”, dos investigaciones en fase de “indagación preliminar” y tres en “estudio preliminar de la queja”; e) el 15 de julio de 2005 el Ministerio del Interior informó que habían tres teléfonos satelitales, cuya entrega a las Comunidades se haría efectiva una vez que las mismas nombraran un representante para tal finalidad; f) la Red de Solidaridad Social informó que ha ejecutado, entre otras, las siguientes actividades en relación con las Comunidades: asistencia humanitaria de emergencia cuando se presentan desplazamientos; suministros de alimentos; apoyo para los regresos programados; brigadas de impacto rápido; donaciones; proyectos productivos a través de la alianza entre comunidad, universidad, empresa y Estado; g) el 18 de junio de 2005 en el municipio de Turbo, Antioquia, el Presidente de la República reafirmó su propósito de respetar los títulos de las comunidades afrocolombianas; h) la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones penales por la presunta comisión de los delitos de Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica por parte de la empresa “URAPALMA”; i) el 8 de noviembre de 2004 se creó la Fuerza de Tarea Conjunta “Atrato” con el fin de garantizar la seguridad sobre el área general del río Atrato, desde la ciudad de Quibdó, departamento de Chocó, hasta su desembocadura, y j) el Comando de la XVII Brigada del Ejército realizó “varias operaciones militares de carácter ofensivo, sostenido y contundente” en el área de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, con el fin de localizar y neutralizar las acciones de los integrantes de las “5ª, 34ª y 37ª cuadrillas de las [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)] y de los grupos de Autodefensas”. 14. El escrito de los representantes presentado el 11 de septiembre de 2005, mediante el cual remitieron sus observaciones al informe del Estado y señalaron, inter alia, que: a) la Fiscalía General de la Nación presentó una lista de veintiocho investigaciones en curso, de las cuales diéciseis son homicidios. De esos, seis casos no corresponden a las Comunidades beneficiarias de las medidas provisionales; en los casos del asesinato del niño de 3 años de edad Ricardo Guaraona, y del señor Cristóbal Hinostroza, no hay correspondencia entre el delito y el supuesto responsable; de las cuatro investigaciones por desplazamientos forzados, solamente dos corresponden a la cuenca del Jiguamiandó y del Curbaradó, y acerca de los dos procesos adelantados por la siembra de palma ilegal, solamente uno corresponde a las Comunidades; b) el Estado confunde otros grupos de población con los casos en que son víctimas los miembros de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó y sus responsables. La totalidad de los casos se encuentra en etapa preliminar o previa, lo que significa que formalmente es inexistente la investigación; c) en el caso del asesinato del niño Hermin Garces Torres y de las heridas sufridas por el señor Víctor Garces Renteria, no se conoce que se haya expedido orden de captura o desarrollado recolección de pruebas distintas a la de los testimonios, en el marco de las investigaciones judiciales. Sobre el asesinato del señor Pedro Murillo, dicho delito fue supuestamente cometido por militares, quienes habrían disparado contra el beneficiario estando éste en un estado de total indefensión. Hasta la fecha se desconoce qué hicieron los militares con sus restos mortales, ya que no fueron