10 v) Según una evaluación médica efectuada en mayo de 2011, los señores Andrés Yacante y Marcelo Tello Sanchez se encuentran en buen estado. En cuanto al señor Correa, quien ha cometido reiterados intentos de suicidio, ha contado con asistencia y control un psicológico permanente; fue atendido en once oportunidades en la División de Asistencia Médica; y, si bien fue atendido en el Hospital El Sauce por un nuevo intento de suicidio los días 19 y 20 de mayo de 2011, cuatro días después fue reevaluado por psiquiatría y se determinó que se hallaba “compensado sin ideación suicida”. El Estado también presentó conclusiones de informes rendidos por la División de Tratamiento psicológico de las referidas tres personas. 20. En su último escrito (supra Visto 21), la Comisión manifestó que el señor William Vargas García continuaría recibiendo amenazas, pese a haberse acogido al programa de protección de testigos cuando le concedieron la libertad condicional, el Estado no le habría dado protección alguna. Además, a pesar de que el gobierno provincial le habría gestionado una casa, no la habita “por falta de muebles”. A su vez, un ex compañero de celda de aquél también habría sido víctima de torturas denunciadas, pero tampoco tendría protección. En cuanto al señor Walter Fabián Correa, “quien denunció presiones y golpes en Almafuerte, solicitó su libertad, la cual fue rechazada” y las autoridades no habrían tomado acciones respecto de sus intentos de suicidio. En lo que concierne los señores Andrés Yacante y Marcelo Tello Sanchez, fue declarado con lugar el hábeas corpus presentado a su favor por supuestos golpes recibidos en la Unidad de Almafuerte y se habría ordenado remitirlos a la Unidad de San Felipe. La Comisión reiteró que se encuentran en una situación de riesgo agravado, no necesariamente por el hecho de permanecer detenidos en el lugar donde ocurrieron los hechos denunciados, sino por la denuncia misma al revelar lo que sucede en las referidas Unidades penitenciarias. Por último, refirió que en la investigación por las torturas se denunció que se habría hecho firmar a un interno una declaración de que había sido él quien obtuvo el celular con las filmaciones. 21. Por otro lado, el Estado señaló que se tomaron diversas medidas respecto de quienes fueron identificados como “presuntos responsables de los hechos de tortura y vejaciones contra los internos del Complejo Penitenciario [de] San Felipe”, entre las cuales destacó: i) Actuaciones administrativas llevadas a cabo por la Inspección General de Seguridad, ente descentralizado encargado de la investigación e instrucción de las faltas administrativas, con la consecuente determinación de responsabilidad del personal de las fuerzas de seguridad de la provincia. Se han realizado diez actuaciones administrativas, en las que se dispuso la apertura de sumario administrativo y la aplicación de suspensión preventiva y “pase a pasiva” de siete efectivos involucrados; ii) Se imputó y separó del cargo a quienes ejercían tareas de conducción por la falta de cumplimiento del deber de control; iii) Se ha procedido a abrir expedientes administrativos en virtud de denuncias recibidas telefónicamente por parte de familiares de internos, de notas de prensa, y de denuncias remitidas por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno; iv) La Subsecretaría Provincial de Derechos Humanos tomó declaraciones a internos en el pabellón donde habrían ocurrido los hechos, las que fueron incorporadas a las investigaciones administrativas y judiciales;