Los hechos del caso se relacionan con la falta de adopción -por parte del Estado- de medidas efectivas para el reconocimiento y protección del derecho al uso y goce del territorio ocupado tradicionalmente por el Pueblo Saramaka, frente a la realización de proyectos de explotación y exploración por parte de empresas privadas en los mismos.

La Corte IDH precisó estándares acerca de las condiciones para la restricción legítima de los derechos al territorio ancestral, en particular en lo referido a la relación entre recursos naturales y la subsistencia como Pueblo. Del mismo modo, estableció estándares acerca de la obligación del Estado de garantizar el derecho de consulta.