Los hechos del caso se refieren a la detención arbitraria y torturas sufridas por Maritza Urrutia García, en julio de 1992, por su vinculación al grupo insurgente Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Tras su detención, la víctima permaneció retenida en un centro clandestino de detención por 8 días y fue obligada a emitir a la opinión pública un comunicado previamente preparado por sus captores. La Sra. Urrutia posteriormente salió del país y obtuvo la calidad de refugiada en México.

La Corte IDH ubicó temporalmente los hechos en el escenario de conflicto armado interno y el inicio del proceso de negociaciones de paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, evidenciando la práctica del Ejército de capturar guerrilleros y mantenerlos clandestinamente para obtener mediante tortura información útil para el propio Ejército.

La Corte IDH estableció estándares sobre la situación de persones detenidas ilegalmente y sobre la prohibición de tortura en circunstancias de conflicto armado interno, así como la impunidad en que quedaron los hechos.