Los hechos se refieren una resolución administrativa del Ministerio de Defensa de Brasil que creaba un Grupo de Trabajo para ubicar e identificar los cuerpos de las personas que habrían muerto en el episodio conocido como Guerrilha do Araguaia. La solicitud de medidas provisionales destaca el riesgo que el funcionamiento del Grupo de Trabajo representaría para el cumplimiento de una eventual medida de reparación de investigar que podría ordenar la CorteIDH en el caso contencioso que estaba en trámite en el sistema interamericano.

La CorteIDH desestimó el otorgamiento de las medias por considerar –entre otros factores– que los cambios realizados por el Estado en relación al Grupo originalmente establecido, evitaba una situación de extrema gravedad y de daños irreparables.