135. Los representantes alegaron que el daño inmaterial debía responder al padecimiento
emocional y psíquico sufrido por sus representados no solo por violaciones a sus derechos
humanos, sino en virtud de las afectaciones a sus relaciones familiares, interpersonales y a
sus esferas autorreferentes. En el caso del señor Fernández Prieto, puntualizaron que debía
tenerse en cuenta: a) que la víctima tuvo que atravesar un proceso judicial viciado e injusto
que le condenó a 5 años de prisión y una multa accesoria de 3.000 pesos; b) que cumplió un
tiempo efectivo de reclusión equivalente a 2 años, 8 meses y 5 días, habiendo sufrido las
consecuencia inherentes de una privación de su libertad, esto es, deficientes condiciones de
detención, separación de su conviviente y de sus hijos menores de edad y el padecimiento de
dificultades posteriores de reinserción social y laboral, y c) la falta de acceso a tratamientos
médicos y de rehabilitación que le permitieran tratar una condición motriz que padecía
producto de un accidente automovilístico que sufrió meses antes de la detención.
136. Por otro lado, en el caso del señor Tumbeiro, señalaron que debía valorarse: a) que si
bien no padeció las consecuencias derivadas de una privación a su libertad, estuvo sujeto a
un proceso penal que le impuso las obligaciones de pagar una multa, realizar tareas
comunitarias y adaptarse a estrictas normas de conducta para evitar un encierro definitivo;
b) los problemas derivados de haberse abocado a la búsqueda de un lugar donde efectuar sus
tareas comunitarias, ya que fue rechazado en numerosos sitios, lo cual incidió en el tiempo
de cumplimiento de su condena, y c) las repercusiones que un proceso penal viciado e injusto
trajo consigo para su esfera familiar. En razón de todo lo anterior, solicitaron a la Corte que
acuerde en equidad el pago de una suma de dinero a favor de las víctimas. El Estado no se
refirió a dichas solicitudes.
137. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial, y ha
establecido que este puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la
víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las
personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia
de la víctima o su familia148.
138. La Corte toma en consideración que en el presente caso se declaró la violación del
derecho a la libertad personal de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro en virtud de la
ilegalidad de la restricción a la libertad personal, lo cual en el caso además conllevó una
violación al derecho a su vida privada. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad por
la existencia de una falta de efectividad de los diversos recursos intentados a lo largo del
proceso por parte de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro. De acuerdo a lo alegado por
los representantes, estas violaciones generaron distintas afectaciones en la esfera inmaterial
de ambas víctimas, particularmente en la esfera del daño moral.
139. Como consecuencia de estas violaciones, la Corte estima presente fijar, en equidad,
una compensación económica por daño inmaterial que corresponde a la suma de
US$30,000.00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Fernández
Prieto y US$25,000.00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor
Tumbeiro, la cual deberá ser pagada a sus derechohabientes conforme al derecho interno
aplicable (infra párr. 145).
D. Gastos y costas
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, supra, párr. 84, y Caso Montesinos
Mejía Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 238.
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