Los hechos del caso se refieren a la modificación arbitraria del régimen de pensiones aplicable a Carlos Torres, Javier Mujica, Guillermo Álvarez, Reymert Bartra y Maximiliano Gamarra, quienes desde el año 1992 recibían las mismas.

La Corte IDH analizó el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú que ordenaron al Estado a pagar a los beneficiarios una pensión por un monto calculado de la manera establecida en la legislación vigente en el momento en que éstos comenzaron a disfrutar de su régimen pensionario.

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