Comisión se puso a disposición de las partes para lograr una solución amistosa a efectos de lo cual les solicitó que expresaran su interés a la brevedad. En escrito de fecha 30 de noviembre de 2010 los peticionarios manifestaron su deseo acogerse al procedimiento de solución amistosa. Dicha información fue enviada al Estado mediante comunicación de 10 de enero de 2011, otorgando un mes para responder. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no respondió a la propuesta de los peticionarios y presentó sus observaciones sobre el fondo el 17 de marzo de 2011. 6. Las observaciones sobre el fondo de los peticionarios fueron recibidas el 18 de agosto de 2011, y el 14 de marzo, 17 de octubre y 6 de diciembre de 2013, mismas que fueron debidamente transmitidas al Estado. Por su parte, el Estado presentó escritos adicionales el 18 de octubre de 2011 y el 6 de septiembre y 29 de octubre de 2013. Dicha información fue debidamente trasladada a los peticionarios. Asimismo, la CIDH celebró audiencia pública sobre este caso el 29 de octubre de 2013 durante su 149 periodo ordinario de sesiones. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 7. En la etapa de fondo los peticionarios continuaron argumentando la responsabilidad del Estado nicaragüense por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 11 y 25 de la Convención Americana, por los hechos relacionados con el asesinato del señor Francisco García Valle. 8. Indicaron que el señor Francisco García Valle, esposo de María Luisa Acosta, fue asesinado con arma de fuego el 8 de abril de 2002 en su vivienda ubicada en la ciudad de Bluefields, Nicaragua. Afirmaron que el objetivo de los asesinos era matar o intimidar a su esposa, la señora María Luisa Acosta, debido a que su labor de defensa del derecho de propiedad de los pueblos indígenas de La Cuenca de Laguna de Perlas, afectaba los intereses del empresario Peter Tsokos y de su socio Peter Martínez. Señalaron que en Bluefields era ampliamente conocido que el CALPI, dirigido por la señora Acosta “estaba en franca batalla” contra las acciones realizadas por Peter Tsokos y Peter Martínez. Indicaron que este caso “pone de manifiesto el peligro que sufren los defensores de derechos humanos en la realización de su trabajo y principalmente para la impunidad que en muchos casos gozan sus atacantes”. 9. Informaron que por el asesinato de Francisco García Valle fueron condenadas dos personas por la autoría material del crimen: Iván Argüello Rivera y Wilberth José Ochoa Madariaga. Alegaron que las irregularidades que se presentaron durante el proceso habrían significado que el tercer responsable de los hechos aún no fuera identificado, que los supuestos autores intelectuales y un presunto autor material del crimen fueran sobreseídos y que la apelación interpuesta contra esa decisión fuera rechazada en forma indebida por cuestiones formales. Señalaron que esta situación llevó a la impunidad parcial del crimen. 10. Manifestaron también que por la mera acusación de uno de los supuestos autores intelectuales, Peter Martínez, la señora Acosta habría sido procesada por el delito de encubrimiento del asesinato de su propio esposo. En relación con su calidad de acusada en el proceso, alegaron los peticionarios que el no haberle designado abogado de oficio a la señora Acosta, ni tampoco haber aceptado la intervención legal de su propio representante legal, habría impedido que María Luisa Acosta presentara pruebas contra los supuestos autores intelectuales del asesinato de su esposo. También señalaron que a pesar de que la Fiscalía y la señora Acosta le informaron al Juez de Distrito del Crimen de Bluefields (en adelante “el Juez de Distrito del Crimen”) que por cuestiones de seguridad, ésta última habría cambiado su lugar de residencia a Chinandega, el juez quiso obligarla a comparecer al Juzgado de Bluefields y, de hecho, libró orden de detención en su contra el 2 de mayo de 2002. Indicaron que el juez de la causa, antes de emitir su sentencia de sobreseimiento a favor de María Luisa Acosta, habría declarado ante medios de prensa de circulación nacional que ella era la encubridora del asesinato de su esposo. Afirmaron que la acusación en su contra habría sido para amedrentarla y lograr que desistiera de solicitar una investigación imparcial por el asesinato de su esposo.

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