17.
Finalmente, la Comisión observa que los peticionarios continuaron alegando violaciones de
los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida) y 11 (protección de la honra y de la
dignidad) de la Convención, no obstante los mismos fueron declarados inadmisibles en el informe de
admisibilidad. En cuanto al derecho a la vida, señalaron que el Estado no adoptó las medidas necesarias para
llevar a cabo una investigación seria y efectiva de la muerte de Francisco García Valle. En cuanto al artículo 11
de la Convención, indicaron que los jueces hostigaron, difamaron y tramitaron procesos judiciales
“maliciosos” en contra de María Luisa Acosta.
B.

Posición del Estado

18.
El Estado concordó sustancialmente con lo manifestado por los peticionarios respecto de la
fecha, el lugar y la forma en que se habría consumado el asesinato del señor García Valle. Sin embargo, el
Estado controvirtió lo relativo a las causas que habrían motivado el crimen. Señaló que el asesinato del señor
García Valle correspondería a un hecho aislado cometido por “personas antisociales con instintos criminales”,
y que no tendría vinculación con cuestiones de los pueblos indígenas, políticas de Estado, ni persecución de
defensores y defensoras de derechos humanos. En cuanto a los procesos internos, el Estado coincidió con la
descripción efectuada por los peticionarios. Sin embargo, controvirtió que los mismos hubieran
comprometido su responsabilidad internacional.
19.
En general, el Estado nicaragüense señaló que las autoridades intervinientes en la
investigación de los hechos actuaron conforme a sus funciones. Afirmó que desde que las autoridades
policiales tuvieron conocimiento del hecho, se iniciaron diligencias en materia de investigación. Agregó que
los jueces que adoptaron las decisiones de sobreseimiento o condena por el asesinato del señor García Valle,
habrían demostrado objetividad en el ejercicio de sus funciones, no habrían actuado de manera oportunista o
carente de imparcialidad, ni tampoco habrían “asegurado” una situación de impunidad.
20.
Argumentó el Estado que el referido proceso penal se habría realizado con total respeto e
igualdad de trato para las partes involucradas. Indicó que el Juez de Distrito del Crimen recopiló las
acusaciones formuladas por la señora Acosta contra los supuestos responsables del asesinato de su esposo,
dirigiendo la acción penal en contra de todos ellos. Agregó que no habría impedido el acceso a la justicia de la
señora Acosta debido a que en todo momento contó con los recursos y mecanismos que la ley vigente le
permitía.
21.
El Estado sostuvo que a efectos de identificar, procesar y condenar a los responsables del
delito, las autoridades adoptaron sus decisiones con base en fundamentos fácticos y jurídicos. Afirmó que la
condena se dictó con el debido proceso legal. Resaltó que la validez de los procesos judiciales internos no
depende de la aceptación de las partes involucradas, sino de la observancia de las reglas del debido proceso
durante su sustanciación. Alegó que el hecho de que la decisión de sobreseimiento definitivo de quienes
fueron denunciados por la señora Acosta como presuntos autores intelectuales y materiales del homicidio del
señor García Valle no hubiere sido recurrida oportunamente, implicó un consentimiento tácito de dicha
decisión, lo que no supone una negación de acceso a la justicia.
22.
Señaló también que no se le puede atribuir la falta de acceso a un recurso efectivo, pues el
derecho a recurrir se encuentra plasmado en la Constitución. Indicó que para interponer un recurso de
apelación, el recurrente está obligado legalmente a presentar el papel para fotocopiar la sentencia que se
pretende apelar dentro del término de 24 horas. Agregó que el representante de la señora Acosta no cumplió
con las normas que rigen el recurso y que el Estado no puede ser responsable por ello.
23.
Respecto del derecho a la integridad personal de los familiares del señor García Valle, el
Estado alegó que garantizó un debido proceso, el cual fue tramitado en igualdad para ambas partes y culminó
con una condena por voluntad de la sociedad nicaragüense representada por el tribunal de jurados. Alegó
que no corresponde a la CIDH actuar como una instancia de revisión de lo decidido internamente.

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