Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal de Santiago Gómez Palomino -el 9 de julio de 1992- y su posterior desaparición forzada, llevada a cabo por el grupo armado “Colina”. Al momento de ser detenido, no le fue comunicado el motivo de su detención ni le fue exhibida orden judicial alguna.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre desaparición forzada como una violación de múltiples derechos humanos, que coloca a las víctimas en estados de completa indefensión y adquiere particular gravedad cuando -como en el caso- forma parte de un patrón de práctica aplicada o tolerada por el Estado. También estableció criterios para que la investigación en casos de desaparición forzada sea llevada adelante con debida diligencia.