INFORME No. 114/11
PETICIÓN 243-07
ADMISIBILIDAD
MARCEL GRANIER Y OTROS
VENEZUELA1
22 de julio de 2011
I.

RESUMEN

1. El 1º de marzo de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por Carlos Ayala Corao y Pedro Nikken
(en adelante “los peticionarios”) en la cual alegaron la responsabilidad de la República
Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “el Estado venezolano”) por las violaciones
de derechos humanos en perjuicio del señor Marcel Granier y otros 22 accionistas, directivos y/o
periodistas de la estación televisora Radio Caracas Televisión (RCTV) (en adelante “las presuntas
víctimas”).
2. Según los peticionarios, la decisión del Estado de no renovar la concesión a RCTV para operar
como estación televisiva tenía por objeto silenciar dicho medio de comunicación por difundir
opiniones críticas e informaciones contrarias al gobierno. Asimismo, señalan que el Estado, a
través de un procedimiento judicial en el cual las presuntas víctimas no eran parte y actuando
ex officio, decidió incautar sin fórmula de juicio y sin indemnización los equipos pertenecientes
a RCTV, mediante los cuales transmitía su programación. Sostienen que, aunado a la alegada
falta de respuesta a los recursos interpuestos por las presuntas víctimas, lo anterior configuraría
la violación de los derechos a las garantías judiciales, la libertad de pensamiento y de expresión,
a la propiedad privada, a la igualdad y no discriminación y a la protección judicial, consagrados
en los artículos 8, 13, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante ”la Convención Americana” o “la Convención”), todos ellos en concordancia con las
obligaciones generales previstas en sus artículos 1(1) y 2. Finalmente, los peticionarios
sostienen que la petición es admisible en vista de la excepción del agotamiento de recursos
internos prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana, con base en el retardo
injustificado de los recursos de la jurisdicción interna.
3. A la fecha de aprobación del presente informe, el Estado venezolano no ha dado respuesta a
la petición.
4. Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad previstos en
los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión concluye que es competente para conocer el
reclamo y que éste es admisible por la presunta violación de los derechos consagrados en los
artículos 8, 13, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1(1) y 2, en
perjuicio de las presuntas víctimas quienes se desempeñan como accionistas, directivos y/o
periodistas de RCTV. Asimismo, la petición es admisible por la presunta violación del derecho a
la propiedad privada, previsto en el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo 1(1)
del mismo instrumento, en perjuicio de las presuntas víctimas quienes son accionistas de RCTV.
En consecuencia, la Comisión dispone notificar el informe a las partes, ordenar su publicación e
incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. El 1º de marzo de 2007, los peticionarios presentaron una petición a la CIDH. En dicho escrito,
también solicitaron a la Comisión que requiriera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
la concesión de medidas provisionales a favor de la presuntas víctimas. El 23 de abril de 2007,
la CIDH decidió rechazar esta solicitud de los peticionarios. Asimismo, éstos presentaron
información adicional sobre la petición los días 14 de marzo, 20 de junio y 18 de agosto de 2007.
Tras efectuar un análisis preliminar, el 16 de octubre de 2007 la Comisión informó a los
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero,
de nacionalidad venezolana, no participó en el debate ni en la decisión de la presente petición.
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