Asimismo, la CIDH encontró que los más de 20 años transcurridos, sin que se haya cumplido con
la ejecución de ninguna de las 13 sentencias, resulta manifiestamente irrazonable. En este sentido, la CIDH
consideró que la falta de cumplimiento de las sentencias no se debe ni a la complejidad del asunto ni a la
alegada falta de actividad procesal en las causas por parte de los docentes, sino a la conducta de las
autoridades estatales. Así, la Comisión determinó que el Estado también es responsable por la violación
a la garantía de plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación
con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Por último, la Comisión también consideró que el Estado
chileno es responsable por la violación del derecho a la propiedad privada de los beneficiarios de las 13
sentencias, pues éstas, al reconocer los montos adeudados, los incorporó al patrimonio de las víctimas.
En suma, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos al
debido proceso, a la propiedad privada y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1, 21, 25.1
y 25.2 c) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
El Estado depositó su instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de agosto de 1990.
La Comisión ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, como sus Delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge
Humberto Meza Flores y Paulina Corominas Etchegaray, como abogadas y abogado de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH, actuarán como Asesoras y Asesor Legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe Nº 12/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de
la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del citado informe (Anexos). El Informe de Fondo fue notificado al Estado de Chile el 3 de abril
de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las
recomendaciones. El Estado chileno dio respuesta al informe de fondo el 20 de mayo de 2019, solicitando
desde esa fecha, un total de tres prórrogas para cumplir con las recomendaciones del informe. La
Comisión otorgó tres prórrogas al Estado y convocó a las partes a una reunión de trabajo, en el marco de
su 174 ° periodo de sesiones. En su comunicación de 3 de diciembre, el Estado argumentó que los
acontecimientos ocurridos recientemente en el país han complejizado el funcionamiento de los órganos
públicos y por ello no ha podido proporcionar una respuesta en tiempo. En dicha oportunidad, el Estado
señaló que “se pronunciar[ía] respecto de la oferta de acuerdo de cumplimiento de recomendaciones a
más tardar el viernes 13 de diciembre del presente año”. Tras haber sido otorgada la prórroga para tales
efectos y no obstante el transcurso del tiempo, la Comisión encuentra que a la fecha, el Estado de Chile
no ha presentado información sobre medidas concretas que hubieran sido adoptadas para dar
cumplimiento a las recomendaciones, ni solicitado una nueva prórroga para cumplir con las mismas. En
vista de lo anterior, la CIDH somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos
y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe Fondo Nº 12/19, por la necesidad de obtención
de justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.

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