La solicitud de medidas provisionales fue presentada por la CIDH –con fundamento en sus medidas cautelares MC 923-04 - y en razón de la gravedad de la situación carcelaria de la Penitenciaria Provincial de Mendoza y de la Unidad Gustavo André, de la localidad de Lavalle. La evidencia demostró el constante riesgo de vida de los internos, los varios incidentes que resultaron en internos muertos y heridos y en funcionarios heridos, así como las deplorables condiciones de vida en los centros de detención, entre otras.

La CorteIDH ordenó al Estado la adopción de las medidas necesarias para la protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad en las referidas penitenciarias, así como de todas las personas que se encuentren en su interior, y llevar adelante la investigación de los hechos de violencia que dieron fundamento a la medida.

En diciembre del 2010 la CorteIDH levantó las medidas y posteriormente -durante el año 2011- rechazó una nueva solicitud que pretendió extender la protección a otras unidades, sin perjuicio de dejar establecido que ¨que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se mantiene atento a la situación de las Penitenciarías de Mendoza mediante la acción de uno de sus órganos, al cual corresponde determinar el curso siguiente de los procedimientos, ya sea en el marco de la petición pendiente de definición o mediante otros mecanismos, como sería la atención que al respecto pueda continuar dando la Relatoría sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana.¨