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I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1.
El 7 de julio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la
Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió ante la Corte una demanda contra la
República de Honduras (en adelante “el Estado” u “Honduras”), la cual se originó en la
denuncia No. 12.387, recibida en la Secretaría de la Comisión el 13 de diciembre de 2000.
2.
La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el Estado
violó los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal),
8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la
Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 2
(Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) y 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos) de dicho tratado, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez (en adelante
“Alfredo López Álvarez”, “señor López Álvarez” o “presunta víctima”), miembro de una
comunidad garífuna hondureña. La Comisión señaló que: a) la presunta víctima fue privada
de su libertad personal a partir del 27 de abril de 1997, fecha en la que fue detenida por
posesión y tráfico ilícito de estupefacientes; b) el 7 de noviembre del año 2000 el juez que
conocía la causa dictó sentencia condenatoria en contra del señor López Alvarez que fue
anulada el 2 de mayo de 2001 por la Corte de Apelaciones de la Ceiba; ésta ordenó
retrotraer el juicio a la etapa del sumario, y c) el 13 de enero de 2003 el Tribunal de
primera instancia dictó nueva sentencia, confirmada por la Corte de Apelaciones de la
Ceiba, que absolvió al señor López Álvarez; sin embargo, éste permaneció detenido hasta el
26 de agosto de 2003.
3.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de
la Convención, ordenara al Estado adoptar determinadas medidas de reparación indicadas
en la demanda. Por último, pidió al Tribunal que ordenara al Estado el pago de las costas y
gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del
sistema interamericano.
II
COMPETENCIA
4.
La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los
artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Honduras es Estado Parte en la
Convención Americana desde el 8 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia
contenciosa de la Corte el 9 de septiembre de 1981.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
5.
El 13 de diciembre de 2000 la Organización Fraternal Negra Hondureña (en adelante
“OFRANEH” o “la peticionaria”), representada por la señora Gregoria Flores Martínez,
presentó ante la Comisión Interamericana la denuncia correspondiente a los hechos de este
caso.
6.
El 3 de diciembre de 2001 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de
Admisibilidad No. 124/01, mediante el cual declaró admisible el caso. En esa oportunidad,

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