Los hechos del caso se refieren a la niña Talía Gabriela Gonzales Lluy, quien a la edad de 3 años fue contagiada con el virus del VIH al recibir una transfusión de sangre, proveniente de un banco de sangre de la Cruz Roja, en una clínica privada. Las acciones penales iniciadas para determinar la responsabilidad de lo sucedido prescribieron; y la inexistencia de una sentencia penal firme impidió que la acción civil fuera admitida. Como consecuencia de su diagnóstico la niña fue impedida de permanecer a la escuela.

La CorteIDH analizó los hechos a la luz de la obligación estatal de regular y supervisar la prestación de servicios de salud asi como en relación con la disponibilidad y calidad de la asistencia sanitaria.

Adicionalmente estableció estándares sobre los alcances del derecho a la educación y la violación del derecho a la permanencia en el sistema educativo en relación con el deber de no discriminación.