21. El peticionario aduce que las consecuencias derivadas del accidente y del proceso han sido devastadoras para la familia de Sebastián, tanto económica como emocionalmente, no sólo por los constantes cuidados a los que tuvo que dedicarse el padre de Sebastián durante su recuperación, sino también por las consecuencias del accidente a largo plazo que afectan su vida diaria y que persisten hasta el presente, cuando Sebastián cuenta con 35 años. El peticionario indica que el Estado tenía los medios y recursos necesarios para atender adecuadamente a su hijo pero no lo hizo, razón por la cual tuvieron que “arreglárselas” como pudieron en un hospital público. En este sentido, indica que el dinero obtenido de la indemnización sirvió para pagar las deudas que habría acumulado por la asistencia y los cuidados requeridos para la recuperación de Sebastián, incluyendo consultas médicas y psiquiátricas, internaciones médicas, medicamentos sumamente costosos, oculista (ya que había quedado visco por el accidente), estudios en colegios variados, gastos asociados con agresiones que sufrió por su condición, entre otros. Además de los gastos en los que incurrió, sostiene que durante años tuvo que dedicarse exclusivamente a los cuidados de Sebastián, lo que ocasionó que tuviera que dejar de trabajar, dejando de percibir ingresos. Agrega que las consecuencias en la familia fueron devastadoras, incluyendo la separación total de los integrantes de la familia y el divorcio del padre y madre de Sebastián. 22. De conformidad con lo antes expuesto, el peticionario solicita a la CIDH que declare que el Estado argentino es responsable por la violación a los derechos humanos de Sebastián y su familia en el presente caso. B. Posición del Estado 23. El Estado coincide con el peticionario en cuanto a la secuencia de los hechos principales relativos al accidente, las lesiones sufridas por Sebastián y la responsabilidad objetiva determinada por los tribunales a nivel interno. Afirma que el régimen de responsabilidad compartida (70% de responsabilidad estatal y 30% de responsabilidad de Sebastián) era apropiado ya que Sebastián, a los 14 años de edad, conocía los riesgos que implicaba usar un equipo desconocido en un predio abandonado. 24. El Estado sostiene que a pesar de que la CIDH indicó en su informe de admisibilidad que no tiene competencia para pronunciarse respecto del monto otorgado por concepto de indemnización, el peticionario de manera reiterada continúa alegando ante la CIDH que el monto es insuficiente y que no se corresponde con los daños sufridos por su hijo Sebastián. Asimismo, el Estado contiende que el peticionario se limita a alegar como irregularidad en el proceso judicial la demora en la que habría incurrido la justicia, sin especificar los motivos que habrían generado la prolongación del trámite judicial, y refiriéndose aisladamente que el Estado habría tardado en reconocer como propios los terrenos en lo que ocurrió el accidente. 25. En cuanto al retardo, el Estado, citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Acosta Calderón y Comunidad Indígena Yakye Axa, sostiene que dicho tribunal toma en cuenta tres elementos para la determinación de la razonabilidad del plazo de un proceso, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales. En este sentido, el Estado alega que según la legislación civil y procesal civil vigente el peticionario tenía la carga de impulsar el proceso, el cual “durante más de 5 años (…) estuvo prácticamente paralizad[o] por la inactividad procesal” de la abogada del peticionario. Así, sostiene que el Estado no es responsable de la alegada demora en el reconocimiento del predio donde ocurrió el accidente. Seguidamente, el Estado pasa a describir los lapsos de inactividad procesal que ocurrieron durante estos primeros años de tramitación de la causa.