Los hechos del caso se refieren a Sebastián Furlán, niño que sufrió un accidente en un abandonado campo militar que le ocasionó una discapacidad irreversible. Tras este acontecimiento, sus familiares iniciaron acciones civiles por la responsabilidad estatal en el caso del accidente de su hijo. El proceso judicial demoró más de 9 años, lo que causó un impacto significativo en la víctima y su familia.

La Corte IDH señaló que por la situación de vulnerabilidad de la víctima le correspondía al Estado el deber de adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para afrontar dicha situación, y que en este caso, el deber de celeridad para la tramitación del proceso civil era necesario para garantizar una mayor oportunidad de rehabilitación.

Por tales motivos, la Corte IDH estableció la existencia de una discriminación de hecho asociada a las violaciones de garantías judiciales, protección judicial y derecho a la propiedad, por el impacto que la denegación al acceso a la justicia tuvo en la posibilidad de acceder a una adecuada rehabilitación y atención en la salud de la víctima. Adicionalmente, la Corte IDH desarrolló estándares sobre el deber del Estado de garantizar los medios para la ejecución de las decisiones y sentencias definitivas.