Los hechos del caso se refieren a la censura aplicada al libro “Ética y servicios de inteligencia”, de autoría de Humberto Antonio Palamara Iribarne, en el que se abordaban aspectos relacionados con inteligencia militar. A raíz de esto, la víctima fue sometida a un proceso penal por los delitos de desobediencia y desacato, el que se sustanció en la jurisdicción militar debido a que en el momento de los hechos era oficial retirado de la Armada de Chile.

La Corte IDH expuso la incompatibilidad de la jurisdicción militar con la Convención Americana en razón de su competencia para juzgar civiles, la falta de independencia e imparcialidad de los Juzgados militares así como la vulneración de garantías judiciales de un proceso caracterizado por ser secreto e inquisitivo. También analizó la persecución penal por el delito de desacato en el marco de una sociedad democrática y sus implicancias sobre el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.