Los hechos del caso se refieren a la ejecución extrajudicial por parte de miembros del Ejército del joven Mirey Trueba Arciniega en agosto de 1998 en el estado de Chihuahua. Algunos días antes del hecho 400 militares habían llegado al lugar con el fin de combatir el narcotráfico.

En su Sentencia, la CorteIDH homologa un acuerdo de solución amistosa en el que Mexico reconoce su responsabilidad por lo ocurrido y compromete reparaciones para las víctimas.