3.
El 6 de octubre de 1999 el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los peticionarios”)
presentaron una petición ante la Comisión Interamericana.
4.
El 7 de marzo de 2000 la Comisión procedió a identificar la denuncia bajo el
Nº 12.250, transmitió las partes pertinentes de dicha denuncia al Estado y le solicitó
que suministrara la información que considerara oportuna.
5.
El 22 de febrero de 2001, en el marco de su 110º período de sesiones, la
Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 34/01, mediante el cual decidió “que
el caso era admisible, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47
de la Convención Americana y en relación con la [presunta] violación de los artículos
4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 de la [misma] en perjuicio de 49 personas [presuntamente]
ejecutadas en la localidad de Mapiripán […]”. En el referido Informe de Admisibilidad
la Comisión decidió aplicar al presente caso la excepción al agotamiento de los
recursos internos prevista en el artículo 46.2.c) de la Convención, con base en que
“la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos
internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe
llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya
que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado
para
determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.”
6.
El 9 de marzo de 2001 la Comisión se puso a disposición de las partes con el
fin de intentar alcanzar una solución amistosa, conforme a la Convención Americana
y a su propio Reglamento. Las partes no manifestaron interés alguno al respecto.
7.
El 4 de marzo de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la
Convención, aprobó el Informe No. 38/03, mediante el cual concluyó que:
[…] Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad y
libertad personales de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán […],
consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. Asimismo, el Estado
es responsable de la violación del derecho al debido proceso y la protección judicial de
las [presuntas] víctimas y sus familiares, previstos en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana, así como del incumplimiento de su obligación de asegurar el
respeto de los derechos previstos en dicho Tratado, en virtud de su artículo 1.1

Al respecto, la Comisión recomendó al Estado:
1.
[l]levar adelante una investigación completa, efectiva e imparcial en la
jurisdicción ordinaria, con el fin de juzgar y sancionar a todas las personas responsables
de la masacre cometida contra aproximadamente 49 [presuntas] víctimas en el municipio
de Mapiripán, Departamento del Meta;
2.
[a]doptar las medidas necesarias para que los afectados reciban una reparación
adecuada por las violaciones cometidas por el Estado;
3.
[a]doptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a
cometerse, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos
fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como las medidas
necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte
Constitucional colombiana y por [l]a Comisión en la investigación y juzgamiento de
casos similares por la justicia penal ordinaria.
[…]

8.
El 5 de junio de 2003 la Comisión transmitió el Informe No. 38/03 al Estado y
le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre “las medidas adoptadas
para cumplir con las recomendaciones formuladas.”
-3-

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