2

2.
La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte
decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la
Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación
con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos)
de la misma, en perjuicio de los reclusos que supuestamente fallecieron en un
operativo ejecutado el 27 de noviembre de 1992 en el Retén e Internado Judicial de
“los Flores de Catia” (en adelante “el Retén de Catia”). A su vez, la Comisión solicitó a
la Corte que declarara que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8
(Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en
relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos) de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares.
Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que declarara a Venezuela
responsable por el incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo 2
de la Convención Americana, por no suprimir de su legislación las disposiciones que
atribuyen a los tribunales militares competencia para investigar violaciones de
derechos humanos y por no haber desarrollado políticas tendientes a reformar el
sistema penitenciario.
3.
La demanda se refiere a la presunta ejecución extrajudicial de 37 reclusos del
Retén de Catia, ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela, la madrugada del 27 de
noviembre de 1992. Estos hechos habrían ocurrido después de un segundo intento de
golpe militar en Venezuela, el cual habría originado una agitación al interior del citado
retén. Presuntamente, los guardias del centro penitenciario y tropas del Comando
Regional 5 de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervinieron
masivamente,
con
uso
desproporcionado
de
la
fuerza
y
disparando
indiscriminadamente a la población reclusa. Las versiones de los hechos de algunos
sobrevivientes cuentan que los guardias del Retén abrieron las puertas de las celdas
anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos
y dispararon contra ellos. También se alegó que los reclusos vivían en condiciones de
detención inhumanas.
4.
La Comisión alegó que después de los hechos se inició una investigación por el
Ministerio Público y las autoridades judiciales, la cual se habría caracterizado por la
obstaculización y la falta de colaboración por parte de las autoridades policiales,
militares y carcelarias. A partir de agosto de 1994 no se practicaron acciones
tendientes a recopilar mayor información ni se desarrolló ninguna actividad procesal en
el caso. Durante casi 8 años a los familiares de las presuntas víctimas se les negó el
acceso al expediente. Actualmente la investigación reposa en la Fiscalía Sexagésima
Octava del Área Metropolitana de Caracas en fase de investigación preliminar bajo el
número de expediente 4582.
5.
Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad con
el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas
de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al
Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la
jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos.
II
COMPETENCIA

Select target paragraph3