Los hechos del caso se relacionan con la ejecución extrajudicial de 37 reclusos del Retén de Catia, en la ciudad de Caracas, el 27 de noviembre de 1992. Los acontecimientos se produjeron en un marco de grave conmoción social a nivel nacional y extrema inestabilidad política, provocadas por el segundo intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez por parte de un grupo cívico-militar conformado por altos oficiales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y varios civiles opositores al Gobierno. En este contexto, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervinieron el centro penitenciario Retén de Catia, y haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, dispararon indiscriminadamente a los reclusos provocando la muerte de más de 60 internos, 52 heridos y 28 desaparecidos.

Venezuela reconoció su responsabilidad internacional por los hechos denunciados. La Corte IDH estableció estándares acerca del uso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y sobre las condiciones carcelarias y la obligación estatal de garantizar el derecho a la integridad personal.