Los hechos se refieren a la detención -por un patrulla militar integrada por infantes de la Marina de Guerra y miembros de Policía de Investigación de Perú- de Rigoberto Tenorio Roca el 7 de julio de 1984, cuando se dirigía junto con su esposa desde la ciudad de Huanta hacia Ayacucho. Desde entonces, pese a las gestiones de sus familiares, se desconoce su paradero.

Estos hechos ocurrieron en el contexto de práctica generalizada de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el Perú entre los años 1980 y 2000.

La CorteIDH reiteró sus estándares sobre desaparición forzada como una violación de múltiples derechos humanos, que coloca a las víctimas en estados de completa indefensión y adquiere particular gravedad cuando -como en el caso- forma parte de un patrón de práctica aplicada o tolerada por el Estado. También evaluó la incompatibilidad con el derecho interamericano de los derechos humanos de la intervención de la jurisdicción militar en la investigación de este tipo de hechos, así como la vigencia de leyes de amnistía.