5 objeto del litigio y por lo tanto el dictamen sería tan sólo una interpretación de una parte interesada que no podrían tener el alcance que se le pretende dar. 17. El Presidente considera que lo alegado por el Estado tiene relación con el valor o peso probatorio del peritaje propuesto, pero no afecta su admisibilidad y, en cuanto a que el peritaje puede favorecer una hipótesis determinada de la parte interesada en ofrecerlo, tampoco afecta su admisibilidad y eventual valoración por parte de la Corte, por lo que corresponde darle trámite. Sin embargo, la ampliación del objeto del dictamen, sugerida por los representantes en su lista definitiva, no fue justificada, por lo que la declaración será recibida según el objeto originalmente propuesto y la modalidad que se especifica en la parte resolutiva de la decisión. d) Objeciones del Estado respecto de las declaraciones de presuntas víctimas y/o testigos ofrecidos por los representantes 18. El Estado hizo notar, en relación con las declaraciones de 16 presuntas víctimas y/o testigos ofrecidos por los representantes, que en su lista definitiva éstos ampliaron y modificaron de manera sustancial el objeto y alcance del testimonio con respecto al presentado en su escrito de solicitudes y argumentos y, en algunos casos, planteó que se refieren a temas que exceden el objeto del caso, por lo que solicita se declare la “improcedencia e impertinencia” de tales testimonios. 19. Esta Presidencia considera que, según lo señalado respecto de una ampliación del objeto de una declaración en la lista definitiva (supra Consid. 14), efectivamente los representantes han propuesto ampliar las declaraciones de las presuntas víctimas y/o testigos sin haberlo justificado claramente. En consecuencia, las declaraciones serán recibidas según el objeto originalmente propuesto y la modalidad que se especifica en la parte resolutiva de la decisión. e) Admisibilidad de la prueba ofrecida por la Comisión Interamericana 20. La Comisión ofreció tres dictámenes periciales: a) b) c) Ellzabeth Salmón, quien se referirá a los estándares internacionales que determinan las obligaciones estatales en el marco de operaciones militares que tienen lugar en un contexto de conflicto armado interno, incluyendo las obligaciones frente a la población civil, así como sobre los estándares internacionales en las investigaciones respectivas. Asimismo, la perito se referirá a las posibles responsabilidades estatales derivadas de las actuaciones de otros actores en el conflicto armado. De manera transversal, la perito analizará la confluencia y complementariedad del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sebastián Albuja, quien se referirá al fenómeno de desplazamiento forzado interno, las obligaciones estatales derivadas de tal situación, teniendo en cuenta, entre otros factores, la afectación especffica para grupos en especial situación de vulnerabilidad. Javier Ciurlizza, quien se referirá a las leyes de justicia transicional, concretamente los estándares a la luz de los cuales deben ser analizadas dichas normas a fin de determinar si las mismas resultan compatibles con las obligaciones estatales de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de conflictos armados. El perito también analizará la Ley 975 de 2005 bajo dichos estándares. 21. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1.f del Reglamento, la “eventual designación de peritos” podrá ser efectuada por la Comisión Interamericana “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos”, cuyo fundamento y objeto tienen que ser adecuadamente sustentados. El sentido de esta disposición hace de la designación de peritos por parte de la Comisión un hecho excepcional, sujeta a ese requisito que no se cumple por el sólo hecho de que la prueba que se procura producir tenga relación con una alegada violación de derechos humanos. Tiene que estar

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