del Estado, en el campo de la movilización popular se destacaba como una de las más importantes organizaciones21. 56. A partir del surgimiento del partido, comenzaron a producirse ataques contra la vida de los líderes 22 y contra la base de la organización. En este sentido, el Defensor del Pueblo señaló que “existe una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes y dirigentes en regiones donde la presencia de este partido fue interpretada como un riesgo al mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos”23. Así, además de dos candidatos presidenciales, también fueron asesinados congresistas, concejales, diputados, alcaldes municipales, sindicalistas, militantes y dirigentes campesinos24. 57. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz en legalización de cargos en contra del paramilitar Hebert Veloza García, alias H.H. destacó: (…) El Gobierno Nacional del Presidente Belisario Betancur (1982-1986) impulsó un proceso de paz y apertura democrática (…). Se trató de un nuevo camino en la búsqueda de la pacificación del país que no contaba con respaldo de algunos sectores del bipartidismo, del Ejército, del gremio ganadero y del sector agrario. Por ello, numerosos estudios académicos consideran que “(…) el proceso de paz chocó desde el comienzo con ‘enemigos de paz’ agazapados en todos los niveles del Estado”. Las Fuerzas Militares argumentaron que tal proceso se convertía para ellas en un instrumento de intromisión del poder civil en su tradicional autonomía para la conducción del orden público. (…) Con la institucionalización de la elección popular de Alcaldes cambió el mapa político en Colombia; la región de Urabá pasó de ser un fortín tradicional del partido liberal a ser una fuerza electoral de los partidos de izquierda. La disputa por el poder político local se convirtió en una polarización violenta en la que proporcionalmente las violaciones de derechos humanos aumentaron con el mayor apoyo electoral a la Unión Patriótica25. 58. Los voceros de la Unión Patriótica y del PCC han denunciado la existencia de al menos cinco operaciones de exterminio presuntamente diseñadas desde altas esferas estatales 26 . Esta situación fue 21 CIDH, Segundo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia OEA/Ser.L/V/II.84 Doc. 39 rev. 14 octubre 1993, Capítulo VII. 22 El 30 de agosto de 1986, en la ciudad de Barrancabermeja, el representante a la Cámara por la UP, Leonardo Posada, fue víctima de un atentado mortal. En esa misma región, fueron asesinados entre 1985 y 1986 más de 200 militantes. El 11 de octubre de 1987, el ex candidato presidencial por la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal regresaba de La Mesa (Cundinamarca) a Bogotá, cuando fue interceptado por un automóvil desde el cual le dispararon. Su muerte se produjo poco después en el hospital de ese municipio. El 3 de marzo de 1989, José Antequera, líder nacional de la UP se encontraba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y se disponía a viajar hacia Santa Marta, cuando fue baleado. El 22 de marzo de 1990, el congresista y también candidato presidencial por la UP, Bernardo Jaramillo Ossa recibió varios disparos que pusieron fin a su vida. 23 Defensor del Pueblo de Colombia, Jaime Córdoba Triviño. Informe para el Gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación. Estudio de caso de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza Paz y Libertad. Defensoría del Pueblo de Colombia, 1992. 24 En 1995 los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias habían señalado que desde 1985 la UP había perdido “a más de 2.000 miembros, con inclusión de un senador, tres diputados de la Cámara baja y varios alcaldes y consejeros municipales, todos los cuales han sido asesinados por motivos políticos”. Cfr. Naciones Unidas, Informe conjunto de la visita a Colombia del Relator Especial sobre la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, E/CN.4/1995/111, 16 de enero de 1995. 25 Anexo 1. Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Decisión de 31 de octubre de 2012. Magistrado Ponente Eduardo Castellanos Roso. Anexo al Escrito de la parte peticionaria de 30 de octubre de 2013. 26 Los planes “Esmeralda” (1988) y “Retorno” (1993) habrían tenido como objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caquetá y en la región de Urabá. La “Operación Cóndor” (1985) y los planes “Baile Rojo” (1986) y “Golpe de Gracia” (1992) habrían estado dirigidos a socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y a asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas. Ver Yezid Campos Zornosa, El Baile Rojo, Grafiq Editores, Bogotá, 2003, páginas 17 y 18. Entes estatales, tales como la Procuraduría General de la Nación, identificaron la existencia de planes de exterminio contra miembros de la Unión 11