denunciada por y ante organismos tales como las Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales27. El 23 de octubre de 1992 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de algunos dirigentes de la Unión Patriótica, a fin de que el Estado protegiera su vida e integridad personal28. 59. A partir de julio de 1993, los directivos de la Unión Patriótica y del PCC, realizaron varias denuncias ante órganos del Estado29 y por medios de prensa30 sobre la existencia del plan denominado “Golpe de Gracia”, que en su conocimiento estaba encaminado a eliminar a los dirigentes de dichos movimientos políticos. El 29 de julio de 1993, dirigentes de la Unión Patriótica y del PCC denunciaron en una entrevista con el entonces Ministro de Defensa, la existencia del plan “Golpe de Gracia” y solicitaron que se investigaran los hechos y se implementaran las medidas de seguridad necesarias para proteger a Gilberto Viera, Álvaro Vásquez, Aída Avella, José Miller Chacón, Carlos Lozano y Manuel Cepeda, entre otros dirigentes de la Unión Patriótica y del PCC. En dichas denuncias se sostuvo que el plan estaba diseñado por altos mandos de las Fuerzas Militares, entre otras personas. El Ministro de Defensa respondió que no se habían aportado pruebas suficientes, ni se había identificado a los presuntos implicados en dicho plan31. 60. El Senador Manuel Cepeda Vargas fue ejecutado el 9 de agosto de 199432. Posteriormente, otros miembros de la Unión Patriótica se vieron obligados a abandonar sus cargos políticos y a huir del país para vivir en el exilio. Por ejemplo, Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica y ex integrante del Concejo de la Ciudad de Bogotá, casi pereció a raíz de un ataque en abril de 1996, por lo que se vio obligada a huir a Suiza. En octubre de 1997, el senador Hernán Motta, de la Unión Patriótica, se vio obligado a dejar su banca en el Senado y a abandonar el país, debido a las amenazas contra él y su familia33. En 1996 fueron asesinados Pedro Malagón y Josué Giraldo, ambos pertenecientes a la Unión Patriótica en el Departamento del Meta34. 61. Entre 1987 y 1993 destacados funcionarios públicos emitieron declaraciones que vincularon a la Unión Patriótica y al PCC con las FARC y con actividades ilegales35. La Corte Interamericana de Derechos Patriótica, y las amenazas contra Manuel Cepeda y otros miembros de la dirigencia de la UP, como provenientes de sectores paramilitares de extrema derecha. Cfr. Informe evaluativo de la Procuraduría Segunda Distrital de Santafé de Bogotá, Exp. 143-6444, págs. 6, 106 y 107. 27 Anexo 2. Carta de los dirigentes de la UP a Amnistía Internacional de 27 de julio de 1993, Anexo 12; Anexo 3. Informe evaluativo de la Procuraduría Segunda Distrital de Santafé de Bogotá, Exp. 143-6444, pág. 6. Ver también, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos el 54º período de sesiones el 9 de marzo de 1998 E/CN.4/1998/16, párr. 58. 28 Medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 23 de octubre de 1992 a favor de Álvaro Vásquez del Real, Manuel Cepeda Vargas y Aída Avella Esquivel, dirigentes de la UP y del PCC. 29 Anexo 4. Indagación preliminar de la Procuraduría Segunda Distrital de Santafé de Bogotá, Exp. 143-6444, págs. 6 y 7; Anexo 5. Carta de 2 de agosto de 1993 del Ministro de Defensa Nacional Rafael Pardo Rueda; Gaceta del Congreso de 5 de octubre de 1993, págs. 21 y 22; Gaceta del Congreso de 19 de octubre de 1993, pág. 10; Carta a la opinión pública emitida por el PCC de 26 de noviembre de 1993. 30Anexo 6. Comunicado del Comité Ejecutivo Central de la Cámara de Representantes; Denuncia emitida por el PCC de 26 de noviembre de 1993. 31 Anexo 7. Comunicación del Ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, a la Presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, el 2 de agosto de 1993; Carta al Procurador General de la Nación, Carlos G. Arrieta, de 29 de noviembre de 1993; Carta al Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño, de 29 de noviembre de 1993; Carta al Fiscal General de la Nación, Gustavo de Greiff, de 29 de noviembre de 1993; y Carta al Ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda. 32 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 98. 33 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. 102 Doc. 9 rev. 1 del 26 de febrero de 1999, Capitulo IX, La Libertad de Asociación y los Derechos Políticos, E. Partidos Políticos Alternativos. 34 de 1997. CIDH Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1996, OEA/Ser.L/V/II.95. doc. 7 rev, 14 de marzo 35 En una nota de prensa, consta que el entonces Comandante de las Fuerzas Militares afirmó que “el PCC dependía de las cuotas provistas por las FARC”. Cfr. Nota de prensa aparecida en el diario “El Tiempo” el 19 de septiembre de 1993, titulada “¿Por qué el optimismo de los militares?”. Asimismo, constan en el acervo probatorio las siguientes declaraciones de funcionarios públicos: 1) en septiembre de 1987, el entonces Ministro de Gobierno, afirmó para la revista Semana, “[y] usted sabe muy bien que las FARC eran el brazo armado del Partido Comunista y que el Partido Comunista se llama hoy UP”; 2) el 27 de octubre de 1988, a raíz de un atentado a la sede de la UP en el municipio de Apartadó en el Urabá antioqueño, el entonces Ministro de Defensa declaró a los medios de comunicación: “pues sería que 12