vi) Otros obstáculos alegados a. Alegado hostigamiento contra los operadores de justicia 164. En el informe del Ministerio Públicode mayo de 2014se ha hecho referencia a situaciones que considera que atentan contra la independencia judicial que no se refieren directamente a los 12 casos bajo supervisión de cumplimiento 179. 165. No obstante ello, en las observaciones a dicho informe del Ministerio Públicode mayo de 2014presentadas por los representantes de los casos Bámaca Velásquez, Masacre de las Dos Erres, Molina Theissen y Niños de la Calle se destacan ejemplos de alegados actos de intimidación, acciones judiciales, y campañas de desprestigio y estigmatización en contra de jueces y fiscales que habrían afectado las investigaciones y enjuiciamientos llevados a cabo, principalmente, en los casos Masacre Plan de Sánchez, Masacre de las Dos Erres y Bámaca Velásquez 180. En efecto, dichos representantes identifican como ejemplos de los alegados hostigamientos el de la jueza Yassmín Barrios, quien conoce de investigaciones y juicios correspondientes a los casos Masacre de las Dos Erres y Masacre Plan de Sánchez, y que habría sido objeto de un proceso disciplinario que le acarreó una amonestación, y que habría sido objeto de “una intensa campaña de desprestigio y estigmatización por parte de algunos sectores de la sociedad y de diversos medios de comunicación”, y el de la anterior Fiscal General Claudia Paz y Paz, quien presentó el Informe del Ministerio Públicode mayo de 2014, cuyo mandato como Fiscal General fue acortado en 7 meses mediante decisión de la Corte de Constitucionalidad. El Estado no se refirió a los planteamientos señalados. 166. De lo señalado anteriormente, la Corte no cuenta con elementos suficientes para constatar que los hechos presentados configuren una afectación a la garantía de independencia de los jueces y fiscales, o que haya existido hostigamiento o persecución en contra de los operadores de justicia vinculada a los casos bajo estudio. No obstante ello, la Corte reitera que es necesario proteger a los fiscales y a toda autoridad pública que impulse la investigación en el presente caso respecto a toda amenaza, hostigamiento o intimidación. Entre las posibles intimidaciones se encuentran aquellas demandas que pueden considerarse que son de mala fe, teniendo en cuenta que buscan la persecución de estas autoridades por intentar cumplir con lo dispuesto en las Sentencias y Resoluciones emitidas por la Corte Interamericana en el presente caso. De otro lado, la protección contra intimidaciones implica velar porque haya continuidad en las tareas de impulso a las investigaciones, de tal forma que aquellos funcionarios comprometidos con esta tarea no sean fácilmente removidos o trasladados. Esta consideración es inherente a lo dispuesto por 179 Al respecto, señaló que “las demandas presentadas contra operadores de justicia […], como parte de las fuertes reacciones de rechazo de algunos sectores de la sociedad guatemalteca frente a los avances en casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno”, además de la sanción de una jueza “ a partir de una denuncia de uno de los abogados defensores del juicio por genocidio en contra del pueblo maya Ixil […] en detrimento de la independencia judicial”. 180 En la audiencia correspondiente a los 11 casos, Helen Mack, representante de varias de las víctimas, hizo referencia a la criminalización y hostigamiento en perjuicio de varios operadores de justicia, como parte de “una política de Estado dirigida a impedir la justicia en estos casos y en otros muchos, y cerrar todas las posibilidades de discusión o investigación a futuro”. Señaló igualmente que “además de los objetivos de castigar de quienes han ejercido su cargo de manera independiente esta clase de decisiones envían un mensaje intimidatorio a los operadores de justicia que tienen a su cargo casos de violaciones de derechos humanos. Tales efectos nocivos son observables en este momento en la inhibición planteada por 93 magistrados de 183 se han negado entregar la sala que debe conocer el recurso de amnistía interpuesto por Ríos Montt, 93 de 183 creo que van a llegar ya casi al 75%”. 54