140 484. Igualmente, este Tribunal considera que, en lo que respecta a Edgar Odón Cruz Acuña, la reparación relativa a la medida de rehabilitación constituye una reparación suficiente y adecuada para compensar la afectación sufrida en su integridad personal. 485. Adicionalmente, en atención a las afectaciones derivadas de las violaciones establecidas a los artículos 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de Florentín Peceros Farfán, Nemecia Pedraza de Peceros, Jhenifer Solanch Peceros Quispe, Herma Luz Cueva Torres y Edgar Odón Cruz Acuña en diferentes grados a consecuencia de los hechos del presente caso y que así han sido constatadas por este Tribunal, la Corte estima que la presente sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación y satisfacción moral para los familiares 512. Asimismo, las reparaciones relativas a la investigación y a la difusión de esta sentencia que se ordenaron anteriormente significan una debida reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana. E. Costas y Gastos Argumentos de las partes 486. Los representantes indicaron que, para la mayor parte de los procesos legales internos relativos al presente caso, la familia había contado con el apoyo de APRODEH, que siendo una organización sin ánimo de lucro, “no ha cobrado honorarios de tipo alguno a la familia”. Con base en ello, los representantes solicitaron a la Corte que fijara en equidad una cantidad, por concepto de los gastos incurridos por APRODEH, en calidad de representantes legales de las víctimas en los procesos internos e internacionales. Asimismo, los representantes indicaron que CEJIL había acompañado la documentación del caso desde el año 2001, y luego se incorporó al litigio del caso en el proceso internacional. Todo lo anterior supuso, según los representantes, que CEJIL incurriera en gastos que incluyen viajes, pago de hoteles, gastos de comunicaciones, fotocopias, papelería y envíos, a los que habría que añadir los gastos correspondientes al tiempo de trabajo jurídico dedicado a la atención específica del caso y a la investigación, la recopilación y presentación de pruebas, realización de entrevistas y preparación de escritos. A partir de un cuadro detallado sobre los gastos incurridos por CEJIL, solicitaron a la Corte que fijara en equidad la cantidad de US$ 31.778,10 en concepto de gastos. En sus alegatos finales escritos, los representantes detallaron los gastos incurridos con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y con motivo de la preparación de la diligencia de reconstrucción de hechos realizada en Lima, Perú, así como la participación en la audiencia pública celebrada en San José, Costa Rica. A este respecto, indicaron que el estimado de gastos incurridos por APRODEH fue de US$ 3.719, mientras que los gastos incurridos por CEJIL ascendieron a US$ 8.404. 487. El Estado señaló que para la determinación de las costas y gastos es necesario verificar si los gastos realizados por los representantes son adecuados al ejercicio de la defensa de las presuntas víctimas. Indicó, en términos generales, que existirían comprobantes de pago, documentos internos de los representantes, proformas, entre otros, que registrarían gastos inadecuados a la defensa de las presuntas víctimas y no acreditarían relación alguna con el presente proceso internacional. En sus alegatos finales escritos, el Estado reiteró que sólo procede el pago de costas y gastos si existen recibos, pasajes o demás documentos que prueben que el desembolso se realizó con ocasión del presente proceso, resaltando que APRODEH no presentó recibos u otros documentos, y recordó que las pretensiones respecto a las costas y gastos deben estar directamente relacionados con el presente caso y el desarrollo del proceso en sí mismo, entendiéndose que quedan excluidos todos aquellos montos que se pretendan incluir y que no correspondan y/o se vinculen estrictamente al caso en concreto. 512 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 225.