INFORME No. 01/16
CASO 12.693
FONDO
MARÍA NINA LUPE DEL ROSARIO ANDRADE SALMÓN
BOLIVIA
18 de marzo de 2013

I.

I.

RESUMEN

1.
El 2 de abril de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
también "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una petición presentada por Coty
Krsul Andrade1 (en adelante también "los peticionarios"), en representación de la señora María Nina Lupe del
Rosario Andrade Salmón (en adelante también “la presunta víctima” o “la señora Andrade”), en la cual se
alega la violación por parte del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante también "Bolivia", "el Estado" o
"el Estado boliviano") de los derechos consagrados en los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 7
(derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección a la honra y la dignidad), 21 (derecho
a la propiedad privada), 22 (derecho de circulación y residencia) y 25 (protección judicial), todos en relación
con el artículo 1.1 (obligación de respetar y garantizar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de
derecho interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también "la Convención
Americana", "la Convención" o “la CADH”).
2.
Los peticionarios argumentaron que la señora Andrade fue sometida a detención ilegal por
un periodo de seis meses y siete días en el marco de seis procesos penales que cursan en su contra por actos
que la presunta víctima habría cometido durante el tiempo que ejerció el cargo de Alcaldesa de La Paz, en los
cuales además de la falta de evidencia sobre su participación en los delitos imputados, se presenta un retardo
injustificado en la decisión judicial. Puntualizaron además que su procesamiento indebido es consecuencia de
decisiones judiciales parcializadas, en donde tanto fiscales como jueces de instrucción habrían realizado una
campaña difamatoria por razones políticas.
3.
El 19 de marzo de 2009, la CIDH declaró admisible la petición en su Informe Nº 11/09, con
relación a los derechos consagrados en los artículos 7, 8, 21, 22 y 25 de la Convención Americana en conexión
con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento y declaró inadmisible la
petición en relación con los derechos consagrados en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana.
4.
En la etapa sobre el fondo, los peticionarios alegaron que el Estado, al ignorar los prerequisitos para la detención preventiva establecidos en el Código de Procedimiento Penal de Bolivia e ignorar
los fallos del Tribunal Constitucional que declaraban que la encarcelación de la señora Andrade era ilegal
violó los artículos 7.2, 7.3 y 7.6 de la Convención Americana y el artículo 25 del mismo instrumento.
Igualmente, alegan que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención Americana al abrir 6 causas penales
contra la señora Andrade, al asignar algunos de estos procesos a jueces específicos en violación de la
legislación boliviana, al mantener durante múltiples años algunos de los anteriores procesos en etapa
investigativa y retrasar la resolución de los mismos por más de 9 años. Adicionalmente, señalaron que dado
que con base en los anteriores procesos penales se congelaron las cuentas bancarias de la señora Andrade
Salmón y se le obligó a pagar fianzas irracionales, el Estado ha violado el artículo 21 de la Convención
Americana. En relación al artículo 22 de la Convención Americana, los peticionarios alegan que al ordenar el
arraigo de la señora Andrade y prohibirle que viaje fuera de La Paz, el Estado ha violado su derecho a la
libertad de movimiento.

1
El 24 de junio de 2002 se recibió un escrito suscrito por la señora Andrade en el cual otorga poder a los señores John Slater y John
Lee y al Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Northwestern University para que ejerzan su representación ante la Comisión.

1

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