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familiares y los familiares de Jesús María Valle Jaramillo el 26 de abril de 2007] y se
reconozca el importante avance en materia de reparaciones con el ánimo de ajustarse a los
lineamientos jurisprudenciales del sistema interamericano”154. Asimismo, el Estado solicitó
que al momento de la liquidación de las reparaciones ordenadas por la Corte, éste pueda
“descontar a cada familiar la cantidad que le haya otorgado a nivel interno en los procesos
contencioso administrativos”. En relación con los presuntos perjuicios causados al señor
Carlos Fernando Jaramillo y su núcleo familiar por la alegada pérdida de bienes y
propiedades, el Estado argumentó que “(i) no existe un nexo causal entre los hechos del
caso y los perjuicios reclamados; (ii) de manera subsidiaria y de considerarse probado el
perjuicio, a la luz de la jurisprudencia de la […] Corte no es de recibo la mencionada
solicitud, por pretender que se repare la violación del artículo 21 que no está en discusión
[en el presente] caso y (iii) de considerarse probado el perjuicio, […] solicit[ó] a la […]
Corte ordenar la indemnización únicamente respecto del daño debidamente probado,
teniendo en cuenta que nadie deberá enriquecerse con las reparaciones otorgadas por esta
Corporación”.
216. Respecto del lucro cesante correspondiente al señor Carlos Fernando Jaramillo
Correa, el Tribunal observa que al momento de los hechos éste “trabajaba con un amigo en
un depósito de madera en la ciudad de Medellín”155 y, según se señaló en el capítulo VII de
la presente Sentencia, se vio forzado a refugiarse debido a los hechos del presente caso.
Con base en lo anterior, el Tribunal fija en equidad, como lo ha hecho en otros casos156, la
suma de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) por
concepto de pérdida de ingresos del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa. Dicha
cantidad deberá ser entregada directamente al señor Carlos Fernando Jaramillo Correa
dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
217. Con relación al supuesto daño emergente ocasionado a Carlos Fernando Jaramillo y a
su familia por la pérdida de bienes y propiedades en razón de su salida de Colombia como
refugiado, la Corte observa que en su declaración ante esta Corte, Carlos Fernando
Jaramillo expresó que dicha supuesta afectación inició con motivo de su alegado
desplazamiento forzado previo a los hechos del presente caso. Al respecto, Carlos Fernando
Jaramillo declaró que siguió pendiente de la producción y la administración de sus fincas
“hasta principio del año 97, porque con [la llegada de un] grupo paramilitar [a] la cabecera
municipal de Ituango […] las cosas se pusieron de otro tamaño [y] el único que iba [a poder
administrar] la finca [era su] papá, [quien] era el único que iba a Ituango”. Asimismo,
declaró que para la fecha de los hechos en 1998 se encontraba trabajando en Medellín157.
De igual manera, el señor Saúl Jaramillo Giraldo declaró que en “1996 […] Carlos Fernando
[tuvo que salir de Ituango] por amenazas [de los paramilitares]”158.
218. De lo anterior se desprende que los bienes y propiedades de la familia del señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa en el municipio de Ituango se encontraban bajo la
administración de su padre con anterioridad a los hechos del presente caso y que el señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa alegadamente se habría desplazado de Ituango desde
154
Alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas presentados por el Estado
durante la audiencia pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008 en la sede de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
155
Declaración rendida por el testigo Carlos Fernando Jaramillo Correa, supra nota 97.
156
Cfr. Caso Cantoral Benavides, supra nota 15, párrs. 49 y 50; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 151, y
Caso Yvon Neptune, supra nota 57, párr. 163.
157
Declaración rendida por el testigo Carlos Fernando Jaramillo Correa, supra nota 97.
158
Declaración rendida por el testigo Saúl Jaramillo Giraldo, supra nota 74 (f. 2226).
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