- 94 de violencia sexual. Por otra parte, destacó que la fiscal del Ministerio Público “ha negado tajantemente que el traslado de J. de una casa a otra se haya realizado vendada y amenazada”. 312. Adicionalmente, el Estado consideró que las “contradicciones cometidas por la peticionara entre la petición inicial y el [escrito de solicitudes y argumentos] respecto a [la alegada violencia sexual] restan credibilidad a sus argumentos y evidencian una manipulación a fin de sobredimensionar los hechos […], pues resulta inverosímil que un supuesto hecho de violación sexual […], con las consecuencias psicológicas que ello implica, sea posteriormente negado por la peticionaria”. En el mismo sentido, indicó que “frente a esa duda[,] el Estado qué va a investigar, si para determinar si hubo [un] acto de violencia […] sexual, y a partir de ahí iniciar las investigaciones respectivas, la declaración de la víctima es clave”. Al respecto, resaltó que “no queda claro si, según J. o la Comisión, hubo o no tal introducción [de los dedos en la vagina] y en qué circunstancias se habría dado; ello, aparte de dejar constancia que esta situación no fue objeto de denuncia por parte de J. ante los órganos nacionales competentes”. Por otro lado, indicó que “no todo acto de violación sexual puede calificarse de plano como un acto de tortura”. El Estado además indicó que el 18 de abril de 1992 se practicó a la señora J. un reconocimiento médico legal, siendo que las lesiones allí encontradas “fueron producid[a]s en el momento de la detención [cuando J. pretendió] darse a la fuga por la puerta trasera del inmueble”. C.2) Consideraciones de la Corte 313. Para realizar el análisis de lo ocurrido a la presunta víctima, la Corte tomará en cuenta distintos elementos indiciarios que contribuyen a determinar lo sucedido, los cuales serán abarcados en el siguiente orden: C.2.1) el contexto en la época de los hechos; C.2.2) las declaraciones de la señora J.; C.2.3) el examen médico legal; C.2.4) la declaración de la fiscal del Ministerio Público, y C.2.5) la falta de investigación de los hechos descritos. 314. Por otro lado, la Corte nota que en el expediente consta un informe psicológico preparado por la organización Traumatic Stress Clinic donde se describen varios de los alegados maltratos sufridos por J. durante la detención inicial y su estadía en la DINCOTE. No obstante, el mencionado informe señala que los maltratos descritos en el mismo fueron extraídos de un documento provisto por el señor Curtis Doebbler428, quien era representante de la señora J., por lo que constituye información recibida de tercera mano y, en consecuencia, la Corte no lo tomará en cuenta a efectos de la determinación de los hechos ocurridos en el marco de este caso. Asimismo, fueron aportados documentos y declaraciones donde se señala que la señora J. sufre de estrés postraumático crónico, como consecuencia de experiencias sufridas por la presunta víctima mientras estuvo detenida en el Perú429. Sin embargo, este Tribunal advierte que la información contenida en dicha prueba no permite determinar si se refieren específicamente a los hechos de este caso o si también abarcan los hechos del caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. C.2.1) El contexto en la época de los hechos 315. En el presente caso la Corte dio por probado que dentro de las acciones estatales existía un patrón de detenciones que “consistía en un primer momento en la aprehensión violenta de la víctima[,] acompañada por el registro del domicilio del afectado empleando los mismos métodos violentos”. La persona detenida “era privad[a] de visión o procedían a cubrirle el rostro totalmente” 428 Cfr. Informe de Traumatic Stress Clinic de 28 de noviembre de 1996 (expediente de anexos al Informe de Fondo, Anexo 7, folio 82). 429 Cfr. Informe de Traumatic Stress Clinic de 28 de noviembre de 1996 (expediente de anexos al Informe de Fondo, Anexo 7, folio 86), declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por el testigo Martin Rademacher el 8 de mayo de 2013 (expediente de fondo, folio 1246), y afidávit de Bent Sørensen y Inge Genefke del Anti-Torture Support Foundation rendido el 31 de diciembre de 2007 y presentado en el marco del proceso de extradición de la señora J. (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Anexo 58, folios 3180 y 3181).