56. Por otra parte, los peticionarios han argumentado en la presente petición que por temor a
represalias, la familia del Sr. Chitay se abstuvo de indagar sobre el estado de las investigaciones,
porque que las desapariciones forzadas eran comunes en Guatemala en esa época, al igual que
las amenazas en contra de quienes las denunciaran. La situación de Guatemala 30 al momento de
la desaparición forzada del Sr. Chitay y en particular, lo sucedido a la familia del alcalde
municipal de San Martín Jilotepeque antes mencionado y a la propia familia Chitay, permite
deducir que sus familiares tuvieran un justo temor de indagar ante las autoridades de la época
sobre las investigaciones que se estaban realizando para dar con el paradero de la presunta
víctima y para sancionar a los responsables.
57. Sin perjuicio de lo anterior, consta que la esposa del señor Chitay interpuso el mismo día
de la desaparición de Florencio Chitay la denuncia respectiva ante la Policía Nacional y, en
2004, su hijo interpuso un recurso de exhibición personal, sin que los tribunales de justicia
guatemaltecos hasta la fecha hayan investigado los hechos.
58. La norma de razonabilidad del plazo para interponer peticiones ante el sistema
interamericano de derechos humanos debe ser analizada en cada caso, teniendo en cuenta la
actividad procesal de los familiares de las presuntas víctimas, la conducta estatal, así como la
situación y contexto en el que ocurrió la alegada violación.
59. En el presente análisis, considerando que Florencio Chitay Nech habría sido victima de
desaparición forzada que se trata de un delito continuado y de naturaleza imprescriptible, sin
que hasta la fecha se haya investigado, juzgado y sancionado a los responsables; y
considerando el contexto en que ocurrieron los hechos, la Comisión concluye que la denuncia
bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable.
3.
Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
60. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro
procedimiento internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por este u otro
órgano internacional. Por ello, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los
artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.
4.
Caracterización de los hechos alegados
61. No le corresponde a la Comisión en esta etapa del procedimiento decidir si se produjeron
las alegadas violaciones a los artículos de la Convención Americana de la presunta víctima. A
efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver en este momento únicamente si se exponen
hechos, que de ser probados, pudieran caracterizar violaciones a la Convención, como lo
estipula el artículo 47.b de la Convención Americana, y si la petición es "manifiestamente
infundada" o sea "evidente su total improcedencia" según el inciso (c) del mismo artículo.
62. El criterio para la apreciación de estos extremos es distinto al requerido para pronunciarse
sobre el fondo de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie y
determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho
garantizado por la Convención, pero no establecer la existencia de dicha violación. El examen
que corresponde efectuar en este momento es simplemente un análisis sumario que no implica
un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo del asunto. El propio Reglamento de la
Comisión al establecer dos claras etapas de admisibilidad y de fondo, refleja esta distinción
entre la evaluación que debe realizar la Comisión a los fines de declarar una petición admisible
y la requerida para establecer una violación.
63. De la información suministrada por los peticionarios y considerando el principiojura novit
curia, que otorga la potestad para determinar el derecho aplicable al caso específico, la
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CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 6 de abril del 2001.
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