3 en contra de la población maya achí del municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz. En este contexto, identifican una serie de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, detenciones ilegales, omisiones de auxilio y trabajo forzado, adjuntando respecto de cada una información sobre: 1) fecha, lugar y causa del acto de violencia y en algunos casos identifican a los presuntos perpetradores de los actos de violencia; 2) copia de las denuncias presentadas y de los procesos iniciados; 3) copia de informes de investigación antropológico-forense; 4) certificados de nacimiento y de defunción de las presuntas víctimas; 5) identificación de sus familiares; 6) cartas suscritas por el Presidente de la República de Guatemala, Ingeniero Álvaro Colom, en las que pide perdón, en nombre del Estado de Guatemala, a familiares de algunas de las presuntas víctimas de la petición, por las angustias y el dolor causado durante el conflicto armado interno. En específico, las alegaciones refieren a: 1. Masacre en la Aldea de Chichupac (8 de enero de 1982) 11. Informan que en la mañana del 8 de enero de 1982 los habitantes de la aldea de Chichupac fueron convocados por el Ejército, comisionados militares y judiciales a una reunión en la clínica de salud de la comunidad y que, tras haberse reunido aproximadamente 300 personas, los militares distribuyeron juguetes a los niños y ordenaron a las mujeres retirarse y dirigirse a sus hogares. Posteriormente, los militares habrían ordenado a los hombres formar filas, portando sus cédulas de identidad en la mano. Señalan que, sobre la base de una lista de nombres que portaban los judiciales, 32 hombres, entre ellos catequistas, promotores de salud y líderes de las comunidades de Chichupac, Xeabaj, Coyojá, El Tablón y Chijom, fueron separados del resto del grupo, acusados de ser guerrilleros y obligados a ingresar a la clínica. Los demás hombres habrían sido obligados a regresar a sus hogares, bajo la advertencia de que no debían meterse en “nada” para no correr con la misma suerte del grupo anterior. 4 12. Sostienen que en el interior de la clínica los 32 hombres fueron cruelmente torturados y obligados a caminar hasta la cumbre de la aldea, donde fueron ejecutados extrajudicialmente y sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Asimismo, señalan que una de las presuntas víctimas, Félix Alvarado Xitumul, falleció como consecuencia de las torturas infringidas poco después de haber iniciado la caminata desde la clínica. 13. Respecto de esta masacre, individualizan como presuntas víctimas a las siguientes personas: 1) Víctor Juárez Pangan (o Víctor Juárez Pancan), 2) Clemente Juárez Ixpancoc, 3) Cruz Sic Cuxum (o Cruz Sic Cuxún), 4) Pedro Sic Jerónimo, 5) Gregorio Valey, 6) Timoteo Sic Cujá, 7) Roberto Galiego Chén, 8) Antonio Alvarado González, 9) Alfonso Crúz Juárez, 10) Domingo Cahuec Sic, 11) Santiago Alvarado Xitumul, 12) Agustín Juárez Ixpancoc, 13) Teodoro González Xitumul, 14) Eulogio Morales Alvarado, 15) Luciano González (o Luciano Gonzalez Sis), 16) Apolinario Juárez Pérez, 17) Alberto Juarez Perez, 18) Evaristo Depaz Siana (o Evaristo Siana), 19) Pedro Tum, 20) Emigdio Siana Ixtecoc, 21) Pedro Galiego López, 22) Demetrio Chen Alvarado, 23) Pedro Galiego Mendoza, 24) Camilo Juárez Valey, 25) Julián Garniga (o Julián Garniga López), 26) Benito Juárez Ixpancoc, 27) Francisco Depaz, 28) Maximiliano Sis Valey, 29) Vicente Sic Osorio, 30) Patrocinio Galiego, 31) Félix Alvarado Xitumul y, 32) José Demetrio Cahuec Jerónimo. ejecutores directos de los procedimientos ilegales ordenados por las autoridades del Ejército (Guatemala, Memoria del Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Tomo I, Capítulo I, Título IV, párrafos 443 y ss.). Los judiciales eran miembros del departamento de investigaciones de la Policía Nacional dedicados a la persecución política (Informe REMHI, Recuperación de la Memoria Histórica, Tomo II, Capítulo I, Título I) y durante el conflicto armado interno se convirtieron en ejecutores de las prácticas irregulares institucionalizadas por el Gobierno (Guatemala, Memoria del Silencio, citado. Tomo II, Capítulo II, Título IV, párrafos 1168 y ss.). Las PAC fueron creadas a fines de 1981 por el régimen militar de facto del General Ríos Montt, como parte de la política de exterminar el movimiento guerrillero mediante la reubicación de la población indígena, y la erradicación de "toda persona o comunidad de personas sospechosas, a través de procedimientos violatorios de los derechos humanos". CIDH, Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.83, 1 de junio de 1993, párr. 55. 4 Al respecto, señalan que desde las casas escuchaban los gritos de dolor y que los patrulleros que fueron obligados a limpiar la clínica al día siguiente encontraron sangre y restos de carne humana.