14 era un acto peligroso que significaba exponerse a sufrir amenazas, torturas, desaparición o muerte. En particular, destacaron las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en el sentido de que una estrategia preferida por la represión de esos años fue la de estigmatizar y culpabilizar a las víctimas y las organizaciones para transformarlas en criminales ante la opinión pública y, en consecuencia, en objetivos legítimos de la represión. 25. Subrayaron que en los 27 casos denunciados de desaparición forzada, las víctimas respondían al perfil de supuesto “enemigo interno” establecido en los Planes de Campaña y manuales militares. El modus operandi de estos casos fue consistente con los patrones utilizados en los operativos encubiertos de inteligencia militar. Señalaron que los recursos materiales para la ejecución de las desapariciones forzadas sólo podían provenir de la estructura estatal militarizada, porque los operativos se realizaban por un número importante de agentes armados, que se conducían en carros con vidrios polarizados y utilizaban radios para comunicarse. Indicaron que el Ejército no utilizó su inteligencia para desarticular los grupos de oposición de acuerdo a procedimientos propios del Estado de Derecho, sino que su objetivo fue la destrucción y eliminación de esos grupos, utilizando cualquier medio. Indicaron que en el Manual de Guerra Contrasubversiva del Ejército de Guatemala de 1978 se establece que la persecución de personas “ideológicamente comprometidas” –incluso si no eran miembros de organizaciones armadas- era una política de Estado. 26. Indicaron que los detenidos eran encerrados, incomunicados y torturados en cárceles secretas que formaban parte de una red clandestina de centros de detención, pudiendo ser casas particulares, bases o destacamentos militares o centros policiales. Expresaron que estos lugares contaban con diversas instalaciones preparadas para la tortura de los detenidos. Los métodos de captura y condiciones de detención de los secuestrados estaban establecidos en documentos oficiales (por ejemplo, el Plan de Campaña “Victoria 82”). Los centros de detención eran secretos, ilegales e inaccesibles al control de las autoridades judiciales. Sólo personal autorizado dentro de la cadena de mando de la estructura militar tenía acceso a los detenidos y cualquier pedido de información por parte de sus familiares y/o autoridades judiciales era denegado en forma sistemática. 27. Informaron que los interrogatorios a las personas detenidas en cárceles clandestinas eran generalmente conducidos por miembros de la G-2 o el Archivo, quienes utilizaban métodos de tortura, física y psicológica, incluyendo violaciones sexuales u obligar a los secuestrados a presenciar las torturas de otras personas, a veces de sus seres queridos. Luego de la tortura, la mayoría de las víctimas eran ejecutadas. Informaron que la tortura iba usualmente acompañada de violación cuando las víctimas eran mujeres. La degradación de la persona era parte del plan sistemático de la represión, puesto que la tortura implicaba un sistema considerado por el Ejército eficaz para obtener información que era utilizada para continuar con las políticas represivas de captura, interrogación y eventual asesinato de las personas catalogadas como “enemigos internos” del Estado. Sin embargo, esta información sólo era conocida parcialmente por las unidades encargadas de la represión. Según los peticionarios, sólo la máxima estructura de la represión, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, conocía la totalidad de la información. Al respecto, expresaron que la secretividad y la compartimentación de la información tenía como propósito garantizar que no se pudiera determinar la autoría intelectual de los hechos. En ese sentido, indicaron que en los operativos destinados a secuestros había una clara división de tareas entre los agentes que participaban de la vigilancia y seguimiento de los “objetivos”, quienes despejaban el área, y quienes efectuaban el secuestro. Estaban involucrados tanto la Policía Nacional como agentes del ejército, del G-2 y del Archivo, entre otras fuerzas de seguridad del Estado. 28. Los peticionarios indicaron que el Diario Militar reveló que en Guatemala hubo una planificada y elaborada estrategia de desapariciones forzadas en las zonas urbanas