16 de noviembre de 2020 REF.: Caso Nº 12.691 Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Ecasa (SUTECASA) Perú Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso No. 12.691 – Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Ecasa (SUTECASA), respecto de la República de Perú (en adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”), relacionado con el incumplimiento de fallos judiciales emitidos a favor de los miembros de SUTECASA. En el marco del proceso de privatización de empresas estatales en 1991, el gobierno peruano liquidó la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (ECASA), lo que generó el despido de más de tres mil trabajadores. Mediante Decretos Supremos No. 057-90-TR y 107-90-PCM se dispuso suspender los incrementos salariales fijados por Convenios Colectivos. Frente a esta situación, los miembros de SUTECASA presentaron una acción de amparo. Tras varias instancias, el proceso de amparo culminó el 16 de febrero de 1993 con sentencia de la Corte Suprema de Justicia resolviendo que eran inaplicables los Decretos Supremos número 57-90-TR y 107-90-PCM. Asimismo, el Tribunal Constitucional ordenó la ejecución de dicha empresa. A partir de ese momento se inició un proceso de cumplimiento de sentencia que, transcurridos más de 26 años, permanece abierto, no obstante las diversas vías que fueron utilizadas. En su Informe de Fondo la Comisión consideró que, a lo largo de 26 años, las autoridades judiciales peruanas han permitido que se sustancie un proceso de ejecución de sentencia sin lograr resolver de manera definitiva los debates principales, resultando incompatible con el derecho a que las sentencias judiciales en firme sean debidamente ejecutadas, mediante mecanismos efectivos y oportunos. La Comisión concluyó que los procesos internos han demostrado su total inefectividad para brindar una respuesta definitiva a las víctimas sobre el alcance de sus derechos y los efectos patrimoniales o laborales de la decisión de amparo a su favor, con miras a su debida ejecución. En virtud de ello, la Comisión concluyó que el Estado peruano es responsable por la violación del derecho a protección judicial, específicamente en lo relativo a la ejecución de decisiones judiciales en firme, en los términos del artículo 25.2 c) de la Convención Americana. La Comisión estableció que el incumplimiento de las sentencias por parte del Estado peruano en contra de entidades estatales desde la década de 1990, trasciende a la situación individual de las presuntas víctimas del presente caso y hace parte de un contexto más general, respecto del cual tanto la Comisión como la Corte se han pronunciado. La Comisión destacó que, a pesar de estar en conocimiento de esta problemática, el Estado no ha adoptado las medidas generales necesarias para remediarla y evitar su repetición. En consecuencia, la Comisión consideró que el Estado también es responsable por la violación del artículo 2 de la Convención Americana. Señor Pablo Saavedra Alessandri Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica

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