16 de noviembre de 2020
REF.:

Caso Nº 12.691
Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Ecasa (SUTECASA)
Perú

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
No. 12.691 – Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Ecasa (SUTECASA), respecto de la República de
Perú (en adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”), relacionado con el incumplimiento de fallos
judiciales emitidos a favor de los miembros de SUTECASA.
En el marco del proceso de privatización de empresas estatales en 1991, el gobierno peruano liquidó
la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (ECASA), lo que generó el despido de más de tres mil
trabajadores. Mediante Decretos Supremos No. 057-90-TR y 107-90-PCM se dispuso suspender los
incrementos salariales fijados por Convenios Colectivos. Frente a esta situación, los miembros de SUTECASA
presentaron una acción de amparo. Tras varias instancias, el proceso de amparo culminó el 16 de febrero de
1993 con sentencia de la Corte Suprema de Justicia resolviendo que eran inaplicables los Decretos Supremos
número 57-90-TR y 107-90-PCM. Asimismo, el Tribunal Constitucional ordenó la ejecución de dicha empresa.
A partir de ese momento se inició un proceso de cumplimiento de sentencia que, transcurridos más de 26 años,
permanece abierto, no obstante las diversas vías que fueron utilizadas.
En su Informe de Fondo la Comisión consideró que, a lo largo de 26 años, las autoridades judiciales
peruanas han permitido que se sustancie un proceso de ejecución de sentencia sin lograr resolver de manera
definitiva los debates principales, resultando incompatible con el derecho a que las sentencias judiciales en
firme sean debidamente ejecutadas, mediante mecanismos efectivos y oportunos. La Comisión concluyó que
los procesos internos han demostrado su total inefectividad para brindar una respuesta definitiva a las víctimas
sobre el alcance de sus derechos y los efectos patrimoniales o laborales de la decisión de amparo a su favor,
con miras a su debida ejecución. En virtud de ello, la Comisión concluyó que el Estado peruano es responsable
por la violación del derecho a protección judicial, específicamente en lo relativo a la ejecución de decisiones
judiciales en firme, en los términos del artículo 25.2 c) de la Convención Americana.
La Comisión estableció que el incumplimiento de las sentencias por parte del Estado peruano en contra
de entidades estatales desde la década de 1990, trasciende a la situación individual de las presuntas víctimas
del presente caso y hace parte de un contexto más general, respecto del cual tanto la Comisión como la Corte
se han pronunciado. La Comisión destacó que, a pesar de estar en conocimiento de esta problemática, el Estado
no ha adoptado las medidas generales necesarias para remediarla y evitar su repetición. En consecuencia, la
Comisión consideró que el Estado también es responsable por la violación del artículo 2 de la Convención
Americana.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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