Departamental omitió ponerlos en conocimiento de la Fiscalía, en la medida en que involucraban a miembros de la Fuerza Pública: miembros del Ejército, la Policía, la Fiscalía y el CTI, quienes amenazaron con detenerla, a pesar de no haber orden de captura en su contra. 8 Señalan que la Procuraduría Departamental de Antioquia inició investigación al respecto y remitió la denuncia a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos en Bogotá. Afirman que de esa investigación no se conoce de la imposición de sanciones a algún funcionario público. Asimismo, señalan que transcurridos dos años desde la ocurrencia de los hechos, no se han adelantado investigaciones en el ámbito penal.9 B. Posición del Estado 17. El Estado considera que no es responsable por las violaciones alegadas y que está cumpliendo con su deber de investigar los hechos y ha adoptado medidas de prevención de la vulneración de los derechos humanos de los habitantes de la Comuna 13, en cumplimiento de sus deberes de protección y garantía. 18. El Estado alega que el reclamo de los peticionarios incumple el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, por lo que debe ser declarado inadmisible. El Estado informa que la investigación penal por las presuntas amenazas y desplazamiento de la señora Ospina ante la Fiscalía 107 Especializada de Medellín, bajo radicado 7155209 se encuentra en etapa preliminar, en práctica de pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos y a la identificación e individualización de los autores de los supuestos delitos. Informa que entre las pruebas practicadas constan diligencias de inspección judicial, desplazamiento al lugar de los hechos, labores de inteligencia en el sector, ubicación de la víctima, diligencia de ampliación de denuncia de la señora Ospina, diligencias de declaración juramentada y asignación de misiones de trabajo al CTI. Asimismo, indica que la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos remitió copias al competente disciplinario para que si lo consideraba pertinente, iniciara investigaciones. En este sentido, considera que la responsabilidad por el supuesto desplazamiento de Luz Dary Ospina podrá ser establecida una vez terminen las investigaciones. En cuanto al delito de amenaza, el Estado señala que la investigación correspondiente es de gran complejidad por el anonimato con que actúan los delincuentes y dado que la señora Ospina se enteró por rumores, es difícil encontrar pistas que lleven a la individualización de los autores. 19. El Estado alega que la excepción por retardo injustificado no es aplicable en base a los criterios de razonabilidad del plazo que se refieren a la complejidad del caso y la actuación de las autoridades judiciales. Agrega que las autoridades judiciales han adelantado de forma diligente los procesos a pesar de la dificultad y que las actuaciones judiciales han sido coherentes, consecutivas, ajustadas y adecuadas a la investigación. 20. Resalta la complejidad de la situación de la Comuna 13 y los esfuerzos realizados por el Estado para la recuperación de la normalidad y la plena vigencia de su autoridad. Reconoce que los delitos de mayor impacto en la zona son homicidios 10, terrorismo, secuestro, extorsión y despojo de propiedades. Alega que fue por esta situación que intensificó la actuación de la Fuerza Pública a fin de recuperar el orden en la Comuna 13 mediante operaciones especiales las que se habrían adelantado en estricto cumplimiento del deber de seguridad y protección. 21. Por lo expuesto, el Estado solicita a la CIDH que concluya que no proceden las excepciones contempladas en el artículo 46(2) y declare la inadmisibilidad de la petición. IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD A. Competencia 8 Petición original recibida por la CIDH el 27 de octubre de 2004, pág. 5. 9 Petición original recibida por la CIDH el 27 de octubre de 2004, pág. 8. 10 Durante enero y mediados de 2002 se registraron 437 homicidios en la Comuna 13. Escrito de observaciones del Estado DDH.GOI/60162/2802 recibida en la CIDH el 12 de diciembre de 2006. 4