lado, el Estado alega que con posterioridad al reestablecimiento del régimen constitucional democrático en el Perú, aquél habría adoptado medidas internas para reparar aproximadamente 28.000 trabajadores cesados de forma irregular durante los años 1990 a 2000. El Estado indica que varios de los peticionarios en el presente caso habrían aceptado tales beneficios y que los demás podrían acceder a ellos. Por consiguiente, el Estado alega que en su legislación interna contaría con un mecanismo adecuado para solucionar el reclamo planteado en la petición. 4. Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible con relación a las presuntas violaciones a los derechos a las garantías judiciales (artículo 8), y a la protección judicial (artículo 25), reconocidos en la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía consagrada en el artículo 1.1 y el deber de adoptar medidas consagrado en el artículo 2 de dicho instrumento, dado que el reclamo reúne los requisitos previstos en el artículo 46 de la Convención Americana, en relación con Delia Arévalo Guerra, María Elba Marchán Avila, César Antón Olaya, Víctor Manuel Garay Espinoza, Luciano Sandoval Villaseca, Julio Serraqué Azáldegui, Javier A. Espinoza Vargas, Juvenal Paz Arévalo, Cruz Alberto More Bayona, Leonarda Montero Silupú, Helber R. Romero Rivera, María Sancarranco Barrientos, María Esther Medina Crisanto, Neptalí Aguirre Maldonado, Manuel Antonio Calle Atoche, Carlos Alberto Zapata Olaya, Carlos Alberto Galán Castillo, Guadalupe Risco Martínez, Gerber Acedo Martínez, Lilia Flores Herrera, Norberto Vilela Jiménez, Agustín Acedo Martínez, Nyrliam García Viera de Castillo, Oholger Wiston Benites Zárate, Wilson Seminario Agurto, Ricardo Vílchez Valverde, Carlos E. Oliva Borja, María Anita Zavala Sosa, Luís Mogollón Granda, Jorge Martínez Amaya, Juan Benítez Gómez, Antonio Esparza Huamán, Maritza Amaya Coveñas, Manuel Jesús Paiva Pacherres, Irma Morales López, Wilmer Gil Rosales, Julio Chiroque Silva, Rosa Castillo Marcelo, Agustina Mendoza Morales, José Juan Obando Reto, Luís Arturo Vallejo Agurto, Ana María Rojas Flores, Fredesvinda Sócola Clavijo, Elmer Arrazabal Gallo, Raúl Clavijo Domínguez, Leither Quevedo, Eduardo Emiliano Chavarri Vélez, Pedro Chumpitaz Sócola, Luís Oswaldo Duque Morán, Segundo Barrientos Olivos, Pedro Talledo Carrasco, Juan Echandía Ochoa, Manuel Mechado Sernaque, Eduardo Panta Valladares, Federico Antón Antón, José Torres Namuche, Luís Abad Saldarriaga, Gregorio Albuquerque Carrillo, William Jacinto Aleman Benitez, Sebastián Amaya Fiestas, Jorge Cabanillas Dedios, Santos Calderón Ávila, Luís Carrasco Lozada, Alberto Chira Guerrero, Mario Duque Mogollón, Jaime Garcés Sandoval, Pedro Carlos Garcés Solís, Gonzalo Ginocchio Guerrero, Pedro Infante Antón, José William Jacinto Zavala, Pedro López Antón, Abraham Montero Ramírez, Emilio Augusto Morales Silva, Miguel Hugo Morán García, Gregorio Jaime Noriega González, Ricardo Quevedo Herrera, Edwin Quevedo Saavedra, José Félix Saavedra Medina, Catalino Sandoval Ancajima, Dionisio Sandoval Flores, Joaquín Santillán Zavala, Luís Tavara Ramírez, Jorge Carlos Tinedo Puell, Oscar Valiente Paico, y Felito Vitonera Saldarriaga. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a las supuestas violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía consagrada en el artículo 1 y el deber de adoptar medidas consagrado en el artículo 2 de dicho instrumento. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 5. El 19 de febrero de 1996, la Comisión recibió una denuncia presentada por el Sindicato Único de Trabajadores de Petróleos del Perú en nombre de todos los trabajadores. Mediante comunicación de fecha 1 de abril de 1996 la CIDH trasladó al 2