B.2. Información y observaciones de las partes y la Comisión 19. Con respecto a la capacitación del personal penitenciario, médico, psiquiátrico y psicológico, en sus informes escritos y en la audiencia de 2022, el Estado presentó información sobre diversas capacitaciones, talleres y otras actividades 19, sin indicar que tuvieran un carácter permanente. En particular, en la audiencia de 2022 y en el informe de febrero de 2023 resaltó que, en noviembre de 2022, había realizado el curso virtual “Sensibilización en Derechos Humanos y Obligaciones Internacionales”, en el cual se capacitó a 3.316 servidores del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores SNAI” (en adelante, “Servicio Nacional de Atención Integral” o “SNAI”). Asimismo, indicó que el curso había abarcado a 1.271 miembros del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, así como a 774 “servidores técnicos administrativos”, habiéndose conseguido una “aprobación del 97,5% de la nómina total”. Refirió que dicha capacitación había incluido el estudio del “caso Tibi y otros casos que tienen que ver con el sistema penitenciario”, así como “estudios sobre la dignidad humana, género y no discriminación en el tratamiento de [personas privadas de libertad]”, y que “será permanente”. Asimismo, el Ecuador informó que, en agosto de 2022, realizó el “Curso de Formador de Formadores 19 En septiembre de 2017, refirió que había realizado cuatro jornadas de capacitación sobre “Constitución de la República del Ecuador, Reglas de Mandela, Reglas Bangkok, Código Orgánico Integral Penal, Modelo de Gestión Penitenciaria, Procedimientos y Protocolos, y, Manual de Derechos Humanos aplicado al Contexto Penitenciario”, aclarando que dicho Manual incluye el estudio del caso Tibi. En septiembre de 2017 y marzo de 2018, informó que cuatro instituciones educativas ofrecían la “Carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria”, dirigida a “personas que aspiran a ser parte del cuerpo de Seguridad y Vigilancia” y a “los Agentes de Seguridad Penitenciarios que deciden profesionalizarse a través de [dicha] Carrera”, e indicó que la misma incluía una asignatura sobre “Derechos Humanos aplicados al contexto penitenciario”, en la cual se contempla el estudio del caso Tibi. Según la Resolución del Consejo de Educación Superior de octubre de 2015 que aprobó los planes de estudio de dicha carrera, la misma solo tendría una “vigencia de cinco (5) años desde su aprobación”. Además, en marzo de 2018, también informó que había realizado una capacitación “en coordinación con el CICR y el Ministerio de Salud Pública” sobre “los ejes de tratamiento en CRS (sic), con la participación de 35 servidores/as públicos del sistema penitenciario”, y una capacitación a “115 servidores/as, entre psicólogos/as, trabajadores/as sociales, abogados/as” sobre la “clasificación de la población penitenciaria”. También indicó que “se certificó por competencias a 383” agentes penitenciarios. En octubre de 2019, informó que “se realizaron tres jornadas de capacitación a los funcionarios médicos, psicólogos y psiquiatras” del Ministerio de Salud sobre “derechos humanos aplicados al contexto penitenciario”, en las cuales se incluyó el estudio del caso Tibi, y “un taller de capacitación en el Modelo de Gestión Operativo de Atención de Salud en Contexto de Privación de Libertad con participación de 90 profesionales de la salud”. En octubre de 2021 refirió que había llevado a cabo “tres procesos educativos en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores –SNAI, en referencia al contexto de Derechos Humanos en situaciones de privación de libertad”: (i) el “Curso virtual de Derechos Humanos en el Contexto de la Privación de libertad”, dirigido a “[s]ensibilizar a los servidores del SNAI sobre la importancia del ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, el cual alcanzó a 2342 personas, incluyendo “[p]ersonas servidoras misionales, administrativas, nivel jerárquico superior, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI)”; (ii) el “Primer Seminario Virtual sobre ‘los Derechos Humanos en el contexto de la privación de libertad’”, dirigido a 200 “aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria que, se enc[ontraban] en la fase de capacitación inicial”. Refirió que dicho “proceso educativo” contó con “la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)”, y que incluyó el “[e]studio de Casos elevados a los sistemas internacionales”, y (iii) el “Curso virtual ‘Protección, promoción y atención de Derechos Humanos en el contexto penitenciario- Estudio de casos’”, con el objeto de “[s]ensibilizar a los servidores del SNAI sobre la importancia del ejercicio de su rol como agentes del Estado con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, el cual abarcó a “[p]ersonas servidoras misionales, administrativas, nivel jerárquico superior, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), personal del Ministerio de Salud Pública, que prestan sus servicios en los centros de privación de libertad a nivel nacional, con un total de 2404 capacitadas”. El Estado precisó que dicho curso incluyó el estudio del caso Tibi. En su escrito de febrero de 2023, informó que había realizado el “Taller Derechos Humanos y cumplimiento de medidas de reparación Integral”, dirigido a “Servidores públicos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes”. -8-