7 b. c. d. e. f. g. comunidad, oportunidad en la que los beneficiarios se mostraron temerosos ante la posibilidad de presentar denuncias a funcionarios de la Fiscalía General de Chihuahua, pues, según indicaron, en cuanto la comitiva se retirara del lugar, los agresores llegarían para preguntar acerca de lo hablado con las autoridades. Lo anterior hizo necesario recibir las denuncias en un lugar distinto a aquel en el que se desarrollaban los talleres, en virtud de lo cual se habrían denunciado al menos 13 hechos de violencia, incluida la muerte de un bebé, producto de las agresiones que se habrían cometido contra su madre mientras lo llevaba en brazos; durante el desarrollo de dichos talleres los organizadores observaron en tres o cuatro oportunidades a distintas personas cuya sola presencia provocaba que los participantes interrumpieran sus intervenciones, a quienes luego identificaron como “malandros”, lo que provocó que no se abordará el tema de la existencia de grupos del crimen organizado en la región 11; de igual forma, integrantes del grupo de mujeres alertaron a las facilitadoras del taller acerca de la presencia de tres jóvenes enviados por el grupo agresor que observaban el desarrollo de la actividad12; la presencia permanente de personas armadas vestidas de militares que vigilan los caminos de acceso a la comunidad, quienes de acuerdo a lo informado detienen, amenazan e interrogan sobre sus actividades a los beneficiarios; la alegada comisión de distintos hechos delictivos en perjuicio de la comunidad, incluidos los posibles homicidios de Francisco Cruz Ramos, ocurrido el 30 de mayo de 2018, y de Samuel Bisigochi, sucedido el 11 de junio de 2018; por lo menos cuatro violaciones cometidas en perjuicio de dos niñas, una joven y una mujer; robo de animales y de paneles solares; quemas de casas, tala ilegal y apropiación de tierras para siembra de amapola13; el desplazamiento forzado de integrantes de la comunidad por el temor a acciones de violencia en su contra, como habría sucedido con el señor Isidro Ontiveros Ramos, y el impacto que la violencia habría causado en la vida de la comunidad, al impedir a sus miembros ejercer sus prácticas culturales, y el temor de que los hechos ocurridos provocarían a los beneficiarios, lo que habría incidido negativamente en la realización de las actividades más esenciales para su normal desarrollo. 20. En cuanto a los operativos dirigidos a la investigación de hechos delictivos, el Estado ha informado sobre diversas diligencias, incluidas acciones para lograr la ejecución de órdenes de aprehensión, una exhumación, inspecciones en distintos lugares, entrevistas a víctimas y testigos, y recepción de denuncias por parte de funcionarios de la Fiscalía General de Chihuahua. No obstante, también los representantes han cuestionado determinada información proporcionada por el Estado acerca de la realización de tales acciones y su efectividad, como por ejemplo la supuesta colusión que existiría entre autoridades y agresores, en tanto las diligencias desarrolladas el 9 de febrero de 2018 a efecto de ejecutar una orden de aprehensión resultaron infructuosas por la información que previamente la policía habría brindado al grupo agresor. En esta línea, no se cuenta con información precisa en cuanto al avance de las investigaciones respectivas para identificar y deducir responsabilidades a los autores de Cfr. Versión preliminar del diagnóstico “Condiciones de vida y seguridad de la comunidad indígena Rarámuri de Choréachi (Pino Gordo), Chihuahua, México”, presentado por el Estado el 1 de marzo de 2019. 11 Cfr. Versión preliminar del diagnóstico “Condiciones de vida y seguridad de la comunidad indígena Rarámuri de Choréachi (Pino Gordo), Chihuahua, México”, presentado por el Estado el 1 de marzo de 2019. 12 Cfr. Versión preliminar del diagnóstico “Condiciones de vida y seguridad de la comunidad indígena Rarámuri de Choréachi (Pino Gordo), Chihuahua, México”, presentado por el Estado el 1 de marzo de 2019. 13