determinar si el Estado ha adoptado medidas suficientes que hagan innecesario ordenar la medida de no repetición solicitada. Además, valoró positivamente que la Dirección de Salud Perinatal y Niñez haya indicado en su informe que “tendrá en consideración para futuras capacitaciones la información contenida en el informe de fondo”. Por lo tanto, sostuvo que ordenar una medida de reparación como la solicitada y la respectiva supervisión por parte de la Corte permitirían coadyuvar los esfuerzos y acciones ya emprendidas por las autoridades argentinas en materia de fortalecimiento y capacitación del personal de salud dedicado a la atención del embarazo, parto y posparto. 111. El representante no se refirió de forma específica a este asunto. 112. El Estado argumentó que la Corte no debería ordenar las medidas de no repetición solicitadas por la Comisión Interamericana. Indicó que las políticas públicas vigentes, orientadas a garantizar los derechos de las mujeres gestantes, revelan que las condiciones actuales en la República Argentina son muy diferentes de aquellas que existían al momento de los hechos. Así, informó sobre la directiva de protección especial del binomio madre e hija/o, que se desprende del derecho interamericano y de la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 23) y que se concretó en la adopción de legislación y políticas públicas orientadas a ampliar y optimizar la atención antes, durante y después del parto, dentro de la que encuentra la Ley 25.929, que establece una serie de derechos y prestaciones obligatorias de las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo, el parto y el posparto. 113. También informó sobre medidas para garantizar a personas desfavorecidas condiciones de dignidad socioeconómica que les permitan acceder a atención materna y perinatal en equidad, entre ellas, la “Asignación Universal por Embarazo”, una transferencia económica para personas gestantes hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo, que se entronca con la “Asignación Universal por Hijo/a” y que está condicionada al cumplimiento de los controles médicos, orientados a evitar complicaciones relacionadas con el embarazo y a la inscripción al programa SUMAR, que brinda cobertura en salud a quienes no la tienen. 114. Además, hizo referencia a la Ley 27.610, que reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo y a la atención postaborto en los servicios de salud; a la Ley 27.611, conocida como de los “Mil días”, para proteger hasta los tres años de vida al binomio madre hija/o que se encuentra sin recursos, o en otras situaciones específicas, con el objeto de reducir la mortalidad materna y neonatal, la malnutrición y la desnutrición, así como prevenir la violencia y proteger el desarrollo emocional y físico de la primera infancia. 115. Destacó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (en adelante “MMGyD”), que puso “institucionalmente a los temas de género en la máxima jerarquía en el despacho de los negocios de la Nación”. Dicho Ministerio cuenta con una “Coordinación de Abordaje de la Violencia contra la Libertad Reproductiva” que tiene entre sus funciones acciones orientadas a la prevención de la violencia contra las personas gestantes en la atención de su salud. También destacó que el Ministerio de Salud y el MMGyD constituyeron la “Mesa Interministerial sobre Violencia Obstétrica”, que puso en marcha un equipo de referencia para la implementación de la ley de parto respetado o humanizado. El MMGyD también desarrolló, de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional, un “Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género”, el cual prevé acciones específicas dirigidas al abordaje integral de las situaciones de violencia obstétrica. Por otra parte, sostuvo que el Ministerio de Salud adelanta políticas públicas sostenidas para optimizar la capacitación profesional en emergencias obstétricas, la reorganización de los servicios de obstetricia y la calidad de los controles prenatales. 32