6 Igualmente, señalaron que Marvin Roberto Nolasco Bámaca destacó que hacía ocho meses que no tenían protección perimetral. También manifestaron que la señora Josefina Bámaca no había atendido a los agentes estatales el 25 de enero de 2015 debido a “miedo y desconfianza” y destacaron que el Estado no había hecho nada por retomar dicha visita. Asimismo, recalcaron que en relación con la señora Alberta Velásquez y su hijo, Rudy López, el Estado no presentó los estudios de riesgo a los que hizo referencia en su informe de 26 de abril de 2016. Adujeron que Amín López había manifestado que no tenía “certeza sobre la efectiva implementación de la seguridad perimetral en su domicilio”, ya que había una estación policial a 500 metros del mismo, lo cual le impedía identificar si dichas patrullas eran parte de sus medidas de protección. 17. La Comisión, por su parte, en cuanto a aspectos específicos relacionados con la implementación de las medidas provisionales respecto de personas beneficiarias pertenecientes a la familia Bámaca, no hizo señalamientos puntuales atinentes al estado actual 4. 18. En referencia a la situación de los beneficiarios, el Estado informó: a) el 20 de febrero de 2012, que “en cuanto a las situaciones denunciadas por Oscar Rolando López, el Ministerio Público informó que para determinar al responsable de las llamadas que recibió, se solicitó autorización judicial para lograr el desplegado de llamadas entrantes y salientes del número que poseía el señor López[; a]ctualmente se encuentra en investigación”; b) el 10 de mayo de 2013, que “las acciones estatales ha[bían] sido efectivas, eficaces y útiles para contrarrestar los elementos de extrema gravedad y urgencia, por lo que [los beneficiarios] ya no se encuentran en situación de “riesgo latente”, y que los familiares de Efraín Bámaca Velázquez no habían indicado durante el tiempo de vigencia de las medidas provisionales, situaciones o circunstancias que hagan suponer una situación de extrema gravedad y urgencia, con temor a un daño irreparable; c) el 19 de diciembre de 2014, que durante el estudio realizado el 24 de septiembre de 2013 a Alberta Velásquez, Luis Federico López Godínez y Oscar Rolando López Velásquez, que la familia Bámaca Velásquez “no había tenido ningún inconveniente o situación que compromet[iera] su seguridad”. La señora Velásquez manifestó a los agentes estatales que no había recibido ningún tipo de amenaza y que “viv[ía] con tranquilidad” y el señor López Godínez expresó a los agentes estatales que, desde que tenía seguridad, no había recibido ningún tipo de amenaza más que una llamada que recibió el 14 de abril de 2011 donde le dijeron que “tenían localizada a su familia y a él”; sin embargo, declaró a los agentes que no había sido víctima de atentados ni de algún hecho de trascendencia que pusiera en riesgo su vida; d) el 26 de abril de 2016, que en los estudios de riesgo realizados respectivamente los días 23 y 25 de enero de 2015 (supra Considerando 15), la señora Alberta Velásquez, quien dijo que “actuaría en nombre propio y en representación de su hijo, Rudy López”, manifestó que en “los últimos 12 meses no ha[bía] sido objeto de [al]gún tipo de amenaza que [pusiera] en riesgo su vida y la de su hijo”; y que la señora Egidia Gebia Bámaca Velásquez expresó a los agentes estatales que la visitaron que ni ella ni alguno de los 4 Sin perjuicio de ello, en sus observaciones de 23 de abril de 2009, la Comisión había señalado que valoraba “positivamente la coordinación de la implementación de las medidas” y consideró que la “reactivación de la investigación podría implicar una situación de grave riesgo” para los beneficiarios. Sin embargo, no realizó otras observaciones en concreto y en una consideración general, atinente a todos los beneficiarios, expresó que “valora[ba] la actitud constructiva del Estado” aunque este “no ha[bía] implementado a cabalidad las medidas”. El 20 de agosto de 2012, la Comisión expresó que los representantes refirieron que Egidia Bámaca y sus familiares no tenían constancia respecto de que se les estuviera efectivamente brindando las medidas de protección acordadas, y que Josefina Bámaca había solicitado las medidas se implementaran de forma más discreta. La Comisión indicó que el Estado había brindado sólo información genérica respecto a la de los representantes, por tanto no le era posible contrastarla con el dicho de éstos.