24 necesarias y no que altere, por la vía reglamentaria, el establecido en la Convención y el Estatuto. Del mismo modo, no resulta procedente transformar el mecanismo reglamentario de supervisión de cumplimiento de sentencias en la prolongación del proceso ya fallado o en un nuevo proceso o, en fin, en una instancia que, en definitiva, implique, por una parte, una excusa para no informar oportunamente a la Asamblea General de la OEA del incumplimiento de los fallos de la Corte y, por la otra, el otorgamiento al Estado de una prórroga, sin, por lo demás, fecha de término, para que cumpla con la sentencia. Ello, porque en tal hipótesis se coloca así, por una parte, a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en una situación desventajosa, al tener que continuar litigando, esta vez en contra de argumentos de orden interno que el Estado normalmente invoca para no cumplir lo fallado y que obviamente no procedían en el juicio propiamente tal10 y, por la otra, a la propia Corte en una posición en la que, sin contar con las facultades indispensables para hacer cumplir sus fallos, deba acudir a la súplica o a la presión más bien de orden político para lograr que el pertinente Estado haga honor al compromiso libre o soberanamente contraído de darles cumplimiento11. El citado mecanismo no puede, en consecuencia, despojar a la sentencia definitiva de su intrínseco valor en tanto “fallo definitivo e inapelable”12 ni afectar la majestad de la función de la Corte. Menos aún puede justificarse la prolongación del mecanismo reglamentario de supervisión del cumplimiento de sentencias, sin informar oportunamente a la Asamblea General de la OEA del incumplimiento de éstas, como acontece en autos, en la circunstancia de que la Corte tiene abiertos muchos casos de este tipo, por lo que, de proporcionar esa información en uno de ellos, obligaría a hacerlo también con gran parte de los demás, lo que podría, por una parte, generar un gran problema de orden político en el sistema interamericano y, por la otra, implicar un reconocimiento de la ineficiencia del sistema judicial de derechos humanos. Y es que esa circunstancia no puede servir de justificación en la materia, ya que, por de pronto, ella es más bien de orden político, ámbito vedado a ésta, y no jurídico, que es el que, en cambio, le pertenece. IV.- Responsabilidades. Pero, además, no es procedente invocar esa circunstancia habida cuenta que, con ello, se estaría suponiendo que el tema del cumplimiento de las sentencias es un asunto de exclusiva responsabilidad de la Corte y no de los Estados, vale decir, que la ineficiencia del sistema judicial de los derechos humanos en este aspecto sería un asunto que aquella debería resolver y no éstos. 10 Art. 27 idem: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” 11 Art. 26 idem: “Pacta sunt servanda". “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.” 12 Art. 67 de la Convención. 24