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cuñado estuvo allí cuando sacaron el cuerpo. Su familia no pudo enterrar a su
hermano porque los militares ya lo habían hecho en un lugar muy alejado.
Agregó que los militares se llevaron a su padre a Tegucigalpa a declarar y que
llegaban a visitar su casa, preguntándole a su padre dónde había enterrado las
armas Juan Humberto.
Producto de lo sucedido a su hermano, su familia tuvo que mudarse porque los
vecinos les cortaron el agua. Además, sintieron miedo de declarar estos hechos
porque los militares los habían amenazado con matar a la familia. Sin embargo,
señaló que prestó declaración de lo ocurrido ante un juez y que no se han juzgado
ni sancionado a los responsables de lo ocurrido, por lo que no tiene confianza en
las autoridades hondureñas.
Como consecuencia de la muerte de su hermano, Juan Humberto Sánchez, su
padre enfermó, por lo que ella y sus hermanos pequeños dejaron de estudiar para
trabajar.
Finalmente, estableció que perdió su trabajo en una maquila para acudir a declarar
ante la Corte. Dejó a su hijo de 9 meses al cuidado de su hermana Reina Isabel,
quien también tuvo que dejar su trabajo para ayudarla.
c.
Testimonio de Leonel Casco Gutiérrez, ex coordinador del
departamento legal de la Asociación de Cooperación Técnica
Nacional, promotora y defensora de los derechos humanos en
la Región Occidental de Honduras.
Conocía cómo estaban organizadas las fuerzas armadas y las fuerzas territoriales
en la zona en que se produjeron los hechos de este caso. Entre las primeras, las
fuerzas regulares estaba el Décimo Batallón de Infantería, con sede en el Municipio
de Marcala, Departamento de La Paz, dirigía toda la región militar, tanto del
Departamento de Intibucá como del Departamento de La Paz.
Por otra parte, las Fuerzas Territoriales tenían una base militar en los Llanos,
Municipio de Marcala, Departamento de La Paz, otra en el Municipio de Concepción,
Departamento de Intibucá y, por último, en el Municipio de Cuncuyá,
Departamento de Copán.
Eran una fuerza especial de contrainsurgencia,
constituida como un cuerpo de élite para vigilar y contrarrestar lo que consideraban
como subversión en toda la zona fronteriza. Estaban bajo el mando del Estado
Mayor conjunto de las fuerzas armadas y dependían, en cierta medida, de
financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos de América. Estaban
constituidas por ex miembros en calidad de retiro del ejército, desde altos oficiales
hasta el grado de cabos, sargentos y oficiales, con salario muy diferenciado al que
tenían las fuerzas regulares.
Era una práctica constante de las fuerzas militares capturar a salvadoreños,
sospechosos de colaborar con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), pese a que no tenían esas facultades legales. Afirmó que las fuerzas
territoriales tenían una práctica cotidiana de detener a las personas de noche y
encarcelarlas, pese a que la legislación interna lo prohibía.
Tuvo conocimiento de la detención de Juan Humberto Sánchez por una denuncia
que les remitió el sacerdote Celso Sánchez, a través de Tobías Portillo, Procurador
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