delitos de violaciones de derechos humanos, y delitos relacionados a la corrupción, cuyos casos “involucran a funcionarios públicos en todas las esferas y grupos criminales organizados”, y “han fallado casos emblemáticos”. 8. Los representantes argumentaron que se configura la extrema gravedad porque las medidas cautelares de la Comisión “no han sido suficientes para evitar que ocurran los hechos de riesgo” descritos. Asimismo “existe un riesgo real de que las denuncias penales interpuestas [en su contra] se instrumentalicen para obstaculizar su labor al grado levantarle la inmunidad, suspenderlo, o de girarle una orden de aprehensión en su contra”, y “podría ser internado en un centro de detención junto a personas que pudo haber enjuiciado y sentenciado”. La urgencia “se configura en tanto las amenazas y hostigamientos han aumentado en intensidad y violencia conforme el juez Gálvez ha avanzado en el enjuiciamiento de los sindicados en el caso”. Las amenazas emitidas en redes sociales en su contra “no son un asunto de libertad de expresión, sino de ataques directos a la independencia judicial”. A su vez, existe una posibilidad real de que la querella presentada el 11 de mayo de 2022 “avance de forma extraordinariamente veloz”. “A ello se suman la existencia de otros procesos que existen en [su] contra […] que podrían ser instrumentalizados para obstaculizar su labor”. Además, dicho juez “va a continuar expuesto a un elevadísimo riesgo en las próximas semanas cuando tenga que decidir sobre la situación jurídica de los otros sindicados”. Aun cuando “los hechos intimidatorios sufridos por el propuesto beneficiario han sido denunciados, estos no han sido investigados”. Existe irreparabilidad del daño de los derechos a la vida, integridad y la independencia judicial del juez Gálvez. Además, la salida del juez del proceso del caso Diario Militar resultaría en la pérdida definitiva de los avances que hasta la fecha se han logrado en las investigaciones. 9. En cuanto a la situación de las medidas de seguridad que Guatemala ha implementado con posterioridad a la adopción de medidas urgentes del Presidente, indicaron que el Estado realizó una reunión con el juez Gálvez el 19 de julio de 2022 en la que el juez “señaló estar conforme con las medidas implementadas hasta el momento y con las mejoras que el Estado se comprometió a realizar” y “se acordó realizar un nuevo análisis de riesgo”. En cuanto a la participación de la Policía Nacional Civil (en adelante “PNC”) en la seguridad del juez Gálvez, los representantes solicitaron que, “de no ser posible excluir a la PNC”, el personal sea de su confianza “con el fin de lograr la debida implementación del esquema de seguridad”. Los representantes reclamaron que el Estado excluyó a CEJIL y a la Fundación Myrna Mack “de los diálogos para la implementación de las medidas de seguridad del propuesto beneficiario”. 10. El 16 de agosto de 2022 los representantes señalaron que existen “nuevos hechos de amenazas” en perjuicio del juez Gálvez que “actualizan el riesgo a la vida e integridad personal del beneficiario y su familia”. Se refirieron al “acoso, amenazas y estigmatización en redes sociales” en que “de forma expresa aceptan buscar el encarcelamiento o exilio del juez”, y solicitaron “la adecuada investigación” de tales mensajes por parte del Estado, pues “son claros ejemplos del ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión, y pueden acarrear responsabilidades ulteriores”. Señalaron que “el Estado pretende excusar su inacción argumentando la falta de denuncia por parte del [juez]”; sin embargo, “en múltiples oportunidades durante el trámite de la solicitud de las presentes medidas provisionales o en los informes enviados en el proceso de sus medidas cautelares ante la Comisión, se han reportado los hechos aquí descritos”, por lo que, consideraron “que el Estado tuvo y tiene conocimiento, por distintos medios, de las amenazas, hostigamientos e intimidaciones contra el [juez]”. Argumentaron que, de conformidad con el artículo 297 del Código Penal, cualquier 5